Equiparan tarifas del Canal Martín García y la Vía Navegable Troncal para el cabotaje

La decisión apunta a sostener la competitividad entre ambas vías de transporte fluvial.

9 junio, 2025

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) resolvió actualizar la tarifa de peaje que deben abonar los buques de cabotaje que navegan por el Canal Martín García, fijando un valor de 824,80 pesos argentinos por tonelada de registro neto (TRN), en línea con la tarifa establecida por el Ministerio de Economía de Argentina para la Vía Navegable Troncal. La medida entrará en vigor el próximo 15 de junio y representa la primera actualización en más de dos décadas.

La decisión, formalizada a través de la Resolución CARP 9/2025, se adoptó en la sesión ordinaria del organismo binacional celebrada los días 29 y 30 de mayo en Buenos Aires. Según consta en el Acta Nº 661, el objetivo es garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados entre Argentina y Uruguay, conocidos como Notas Reversales, que establecen condiciones de equidad tarifaria entre los canales de navegación Martín García y Emilio Mitre.

Desde la Resolución CARP 03/2002, el peaje para buques de cabotaje en el Canal Martín García se encontraba pesificado y no había sido actualizado. El Informe Nº 1629/25 de la Secretaría Administrativa de la CARP advierte que esa tarifa llevaba más de veinte años sin variaciones, a pesar de los incrementos de costos en mantenimiento, balizamiento y dragado.

La nueva tarifa, fijada en $ 824,80 por TRN, será ajustable trimestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo el esquema dispuesto por la Disposición 22/2024 del Ministerio de Economía argentino. Al momento de la facturación, el valor será convertido a dólares estadounidenses según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior.

“La actualización responde a la necesidad de equiparar el régimen tarifario del Canal Martín García con el de la Vía Navegable Troncal, asegurando condiciones de competencia justas y predecibles para el transporte fluvial de cabotaje”, señalaron desde la CARP.

La Comisión también instruyó a sus Secretarías Administrativa y Técnica a publicar la Resolución tanto en el Boletín Oficial de la República Argentina como en el Diario Oficial de Uruguay, además de difundirla a través de su página web institucional, conforme a lo previsto en el Reglamento de Uso y Navegación del Canal Martín García (REMAGA).

Competitividad fluvial

El Canal Martín García es una de las principales vías de navegación en el Río de la Plata y cumple un rol estratégico para el transporte de mercaderías entre puertos argentinos. A través de este canal transitan buques de cabotaje que conectan diversas regiones del país con el comercio exterior.

La medida adoptada por la CARP se enmarca en una política de armonización tarifaria entre las distintas rutas fluviales de la región, clave para mejorar la competitividad logística y evitar distorsiones que favorezcan a una vía sobre otra. Las Notas Reversales de 1993 y 1994 entre Argentina y Uruguay fueron explícitas al respecto, al exigir condiciones igualitarias para el cobro de peajes y servicios portuarios.

El nuevo esquema tarifario busca generar certidumbre para las empresas del sector, promoviendo una mayor utilización del Canal Martín García y potenciando su rol dentro del sistema de navegación del Río de la Plata.

Impacto para los armadores y operadores de cabotaje

Para los armadores y operadores logísticos que emplean buques de cabotaje, la actualización implica una adecuación a valores actuales que permitirá sostener el mantenimiento del canal, pero también introduce una fórmula previsible de ajuste que podría dar mayor transparencia a los costos operativos.

De acuerdo a fuentes del sector, el alineamiento con la Vía Navegable Troncal también podría simplificar las gestiones administrativas, al aplicarse una lógica tarifaria común para ambas rutas fluviales de alta circulación.

Con esta resolución, la CARP refuerza su rol como organismo técnico e intergubernamental que administra el uso equitativo de las aguas compartidas, al tiempo que avanza en un marco normativo que responda a las nuevas exigencias del comercio fluvial regional.

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