De esta manera, se manifestó el diputado nacional José Ignacio De Mendiguren, luego de que no se obtuviera quórum a la sesión especial solicitada por el Frente Renovador para tratar, entre otros temas, el proyecto de Ley de Emergencia Fiscal Pyme.
Al respecto, el extitular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio De Mendiguren, sostuvo: “El Gobierno sigue sin entender la problemática que viven las pymes, y eso es muy preocupante, porque son el motor de nuestra economía. La caída en el mes de julio del sector industrial es de 8,1% interanual. Esto es un récord dramático. Cayeron la industria automotriz, textil, alimentaria, del caucho, del petróleo”.
“A la caída del mercado, le sumamos los aumentos en servicios, impuestos, tasas y otras contribuciones inmorales que se están pagando hoy en la Argentina. En esta situación, nos encontramos que la AFIP embarga las cuentas corrientes de estas empresas por meras cuestiones formales y sin contemplar ningún caso. La propia Jefatura de Gabinete nos informó que durante el 2017 hubo más de 250 mil juicios por embargos de la AFIP, por un monto aproximado de $1.600 millones Es imposible imaginar un desarrollo económico si seguimos perdiendo Pymes por la crisis”, agregó el legislador.
Para finalizar, De Mendiguren declaró: “Debemos preservar a las pymes. Si el Gobierno plantea que se viene un mayor período de recesión y que luego viene la recuperación de la economía, cosa que no compartimos, por lo menos, lo que estamos pidiendo es que se suspenda el embargo de cuentas en este período de estancamiento económico. Seguimos sorprendidos por la pasividad del sector público. Los activos que se destruyen no se vuelven a construir en poco tiempo, y éste sector es el motor de la recuperación para nuestra economía”.
Entre los temas que proponía tratar el Frente Renovador en esta sesión especial, que no tuvo quórum, se encontraba el proyecto de Ley de Emergencia Fiscal Pyme, presentado hace semanas con el propósito de atenuar la crisis económica que afecta a las pequeñas y medianas empresas, mediante la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones de la AFIP.
