La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata (CIN) encendió una luz de alerta tras la publicación del Decreto 273/2025, que modifica el Régimen de Importación de Bienes Usados. La medida, firmada por el Ejecutivo nacional el pasado 16 de abril, elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), herramienta que funcionaba como filtro técnico para evitar el ingreso de maquinaria obsoleta al país y resguardar la producción nacional.
En un comunicado que lleva la firma de su presidenta, Florencia Garrido, la entidad expresó su “profunda preocupación” por la derogación de este instrumento que, desde hace más de tres décadas, exigía una consulta previa a los fabricantes locales antes de autorizar la importación de bienes de capital usados. El CIBU no implicaba una prohibición, sino un mecanismo de control para promover la industria nacional sin cerrar el comercio exterior.
Desde el sector naval aseguran que esta medida pone en riesgo el equilibrio alcanzado en los últimos años, período en el que se logró una histórica renovación de la flota pesquera argentina. “Gracias a este tipo de políticas se reemplazaron buques inseguros y anticuados por unidades modernas construidas tanto en el país como en el exterior“, señala la CIN.
Producción nacional de calidad
Los astilleros argentinos, pese a enfrentar contextos económicos complejos, demostraron capacidad para fabricar embarcaciones de alto nivel tecnológico. Esa dinámica permitió generar empleo, atraer inversiones y renovar el parque naval, marcando un quiebre con décadas de estancamiento.
Sin embargo, la nueva normativa podría desandar ese camino. “Advertimos con gran preocupación que esta modificación abre la puerta al ingreso indiscriminado de embarcaciones y maquinaria obsoleta”, sostiene la Cámara.
La experiencia pasada deja lecciones contundentes: en la década del ’70, el decreto 440/71 autorizó la importación de más de 120 buques usados. Una década después, la mitad estaban abandonados y el 85% de las empresas que los habían adquirido, estaban quebradas.
Más allá del impacto económico, la CIN también remarca los riesgos operativos y humanos: varios de esos buques antiguos continuaron navegando por décadas y estuvieron involucrados en tragedias marítimas con pérdidas de vidas, como los casos de los pesqueros “Repunte” y “Rigel”.
La crítica también apunta a una incoherencia en el discurso oficial. Refiere que, mientras el gobierno argentino cita frecuentemente como ejemplo el modelo norteamericano, ignora que en Estados Unidos rige desde 1920 la llamada Jones Act, una ley que prohíbe la importación tanto de buques usados como nuevos para proteger su industria naval.
“No pedimos que se impida la importación de barcos nuevos. Queremos competir. Pero competir con unidades descartadas por otras economías no es competencia: es desventaja estructural”, subrayan.
La CIN propone alternativas al decreto. Entre ellas, la implementación de un sistema de evaluación previa, ágil y transparente, que contemple la existencia o no de producción local, la antigüedad y condiciones del bien y su adecuación a normas de seguridad y emisiones.
El sector naval reafirma así su vocación de diálogo técnico e institucional y pide revisar una medida que, aseguran, no solo vulnera a los fabricantes nacionales, sino que consolida un modelo de dependencia tecnológica y afecta gravemente a la cadena PyME.
