“Este es un gobierno usurero”

20 abril, 2018

Lo aseguró el diputado nacional Daniel Arroyo, tras conocerse que el gobierno nacional proyecta continuar con el aumento de tarifas e incluir un plan de pago. “Que el gobierno proponga pagar en cuotas el aumento de tarifas y, sobre ello, habilitar que se aplique un interés por ello es una broma de mal gusto, es otra tomada de pelo. Este es un gobierno usurero”, dijo el integrante del Frente Renovador.

“Esta decisión deja en evidencia lo fuera de foco que están las autoridades nacionales: estirar el pago no es una solución”, señaló Arroyo al tiempo que reclamó: “Basta de prueba y error, se requiere de racionalidad y mirada social. Están a tiempo de pegar el volantazo. El gobierno aumentó la tarifa de gas en un 1600%, 500% la luz y 400% el agua. Es un aumento desmedido en un contexto de familias sobre endeudadas por los costos fijos que cada vez son más altos”.

“Ya hubo un acomodamiento tarifario, lo que tiene que haber ahora es racionalidad: las tarifas no pueden aumentar más que lo salarios”, destacó Arroyo.

Cabe destacar que el Bloque FR-UNA junto a Argentina Federal, presentaron en el día de ayer en conferencia de prensa el Proyecto de Precios Razonables para Servicios Públicos. Bajo la consigna “La plata no alcanza porque la inflación no para”,  la medida establece que las tarifas no podrán subir más que los salarios y sean estables por 12 meses. Además, que los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC, implementando un régimen de tarifa social por el que pagarán el 20% del valor de la factura.

Asimismo, el Proyecto contempla que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios, como así también, reduce el IVA de las facturas de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de PYMES. En ese sentido, también prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos, y se invita a provincias y municipios a que reduzcan impuestos de la factura de servicios

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