El ministerio de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria y retrotrajo los 17 despidos efectuados por la empresa Fluvialba, cuya accionista mayoritaria es PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

La decisión se conoció mientras se realizaba una protesta de trabajadores frente a la Embajada de Venezuela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclamando por la cesantía de los obreros marítimos y el pago de salarios.

El secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) seccional Rosario, Cristian Cardozo, informó a LT 39 Radio Victoria, que “desde hace tres años están desguazando sistemáticamente la empresa, mientras hay una deuda salarial de 19 meses a 46 trabajadores argentinos”.

Recordó que antes del ingreso de PDVSA, “Fluvialba era una empresa modelo y pujante, por lo que estamos frente a un caso claro de vaciamiento” que incluyó el despido de obreros con 20 años de antigüedad. Agregó que, de acuerdo a la medida de la cartera laboral, el sindicato y los empresarios volverán a reunirse en un lapso de 15 días, para llegar a un acuerdo.

Respecto a la reincorporación de los despedidos, dijo que “eso no nos alegra porque igualmente no pagan los sueldos. Tenemos que insistir ante el ministerio de Trabajo, sabiendo que la empresa no reconoce ningún tipo de convenio argentino y pasa por sobre todas nuestras leyes laborales”.

Seguidamente advirtió que “no sacaremos el pie del acelerador porque no vamos a permitir que una empresa extranjera venga a pisotear, no solo los derechos de los trabajadores, sino también el pabellón nacional, porque quieren llevarse los remolcadores a Paraguay y trabajar con convenios paraguayos”.

El SOMU y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo marcharon ayer hacia la Embajada de Venezuela, donde una delegación entregó un petitorio solicitando la pronta intervención de la representación diplomática en este conflicto, sin recibir respuestas.