El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que es necesario llevar “la inversión en infraestructura de los actuales dos puntos del PBI a seis puntos”, al explicar el proyecto de ley de creación de un Régimen de Contratación Público-Privada ante un plenario de comisiones del Senado.

Frigerio ratificó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso busca alentar las inversiones y afirmó que su sanción se torna “muy importante en la consecución de los objetivos de pobreza cero y en la generación de trabajo de calidad”.

“Estamos trabajando día y noche para crear mecanismos que agilicen los proyectos que permiten generar empleo”, dijo el funcionario nacional ante las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales.

Además, afirmó que la aplicación de este proyecto permitirá acelerar los plazos de ejecución de la obras, ya que genera los incentivos para que los privados cumplan con los tiempos acordados.

Durante su exposición ante los senadores, el ministro Frigerio detalló que la aplicación del régimen de contratación que propone el texto enviado por el Gobierno permitirá compartir con el sector privado una parte de los riesgos de las obras.

Y señaló que luego de observar diferentes experiencias en la región ese tipo de herramienta no beneficia particularmente a las grandes obras, sino que facilita la ejecución de las pequeñas, medianas y grandes porque permite que sean contratistas los municipios y gobiernos provinciales que adhieran a la iniciativa.

El funcionario aseguró que mediante la nueva metodología los distritos agilizarán trabajos destinados a escuelas, hospitales y viviendas rurales y sociales, por ejemplo.

Del panel participaron también el especialista Principal del Sector Financiero del Banco Mundial, John Pollner; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, y el pretesorero de esa entidad, Julio Criveli.

Pollner planteó que la demanda de inversión en infraestructura de la Argentina de ahora al 2025 necesita de apoyo financiero para quitarle al Estado peso fiscal.

Por su parte, los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) aseguraron que los elementos que brinda el texto son herramientas más importantes para la ejecución de obras de infraestructura.

El martes pasado había expuesto el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien manifestó que la iniciativa cuenta con el apoyo de ese gremio porque es un instrumento muy útil para reactivar un sector clave de la economía, ya que permitirá recuperar fuentes de trabajo y generar nuevas.

También se manifestó a favor la Corporación Andina de Fomento que, de acuerdo con su experiencia en la financiación de proyectos en la región mediante herramientas de Contratación Público-Privada, por cada recurso invertido en ese tipo de planes se atrajeron otros tres adicionales desde el sector privado.

La ley será una herramienta efectiva para implementar un nuevo modelo de ejecución y control de las obras, mejorar la eficiencia, bajar los costos, dar una mayor competitividad y que los procesos de adjudicación se realicen con absoluta transparencia.