El juez neoyorquino declaró al país en “desacato” al convalidar un pedido presentado por los fondos buitre, aunque evitó fijar sanciones específicas que le podrían corresponder por esta situación.

El juez neoyorquino Thomas Griesa declaró en desacato al país, convalidando el pedido realizado por los fondos buitre, al considerar que la Argentina llevó adelante acciones “ilegales” que violan sus órdenes, aunque evitó tomar una decisión respecto a sanciones o multas que podrían ser aplicadas ante esta situación.

Un par de horas después de que se conociera la decisión del magistrado, el Gobierno, a través de la Cancillería, salió a advertir que la decisión de declarar a Argentina en desacato, “es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos” y volvió a solicitar a los Estados Unidos que acepten la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya para dirimir esta controversia, debido a que es el “único responsable” por las acciones de cualquiera de sus órganos, en este caso el judicial.

En la audiencia celebrada en la sede de la Corte distrital de Nueva York, Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina “tomó y está tomando” pasos, “en un intento por evadir partes críticas” del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país a no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares.

El magistrado consideró que la Argentina dio pasos “ilegales” al “desplazar” al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al “mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos” y al “realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer” las obligaciones con los demandantes.

Griesa se refirió de esta forma a la recientemente sancionada Ley de Pago Soberano, que modifica la sede de pago de los compromisos a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, entre otras cuestiones. Bajo este escenario, Griesa dijo que “la Corte sostiene y falla que esos pasos son ilegales y no pueden ser llevados adelante” y nombró, por lo tanto, a la Argentina “en desacato”.

En la audiencia, que duró poco más de una hora, los únicos expositores fueron el abogado del fondos NML Capital, Robert Cohen, y el representante legal de Argentina, Carmine Boccuzzi. Allí, Griesa reconoció que aplicar ese fallo “es raro”, pero sostuvo firme su posición, aunque evitó dictaminar por ahora sobre las sanciones económicas y de otro tipo solicitadas por los fondos buitre. El tribunal “se reservará la decisión” sobre la aplicación de sanciones “para futuros procedimientos”, dijo el juez.

Por su parte, el abogado del fondo buitre NML Capital, quien habló en nombre de todos los demandantes, respaldó su solicitud considerando que la Argentina tomó “repetidamente pasos en violación” con las órdenes de lo dictaminado por la justicia y pidió al juez que declare al país en desacato.

En ese marco, Cohen dijo que el tribunal debía aplicar su “autoridad” y actuar en ese sentido para enviar un mensaje de que es necesario cumplir con los fallos y buscó convencer al juez, al mencionarle que ya existen otros casos de desacato aplicados a otros países soberanos.

“Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le diga a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento”, aseveró el abogado de los buitres.

Por su parte, el abogado que representa a la Argentina, Carmine Boccuzzi, consideró a la figura de desacato como algo “legalmente inapropiado” y aseveró que su aplicación “va a empeorar la situación y no ayudará” a resolver la disputa con los fondos buitre y la Argentina.

El letrado, que ya había entregado antes de la audiencia la nota enviada por el gobierno argentino en tal sentido, advirtió que convalidar el pedido de los buitre, es “jurídicamente inadmisible, inaplicable” y afirmó que no es posible “prohibir” a los países soberanos “actos, incluyendo discursos” de sus funcionarios, así como “publicación de avisos” en los medios de comunicación.

Boccuzzi mencionó además en la audiencia, que el pedido de desacato efectuado por los buitre responde a su intención de “castigar” al país, impidiendo el pago a quienes sí optaron por ingresar en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, a menos que ellos reciban la suma de dinero fijada por Griesa.

Antes de conocerse la resolución, en horas del mediodía argentino, el canciller Héctor Timerman, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que los tratados internacionales reconocen la “igualdad soberana entre Estados” y advirtió que el desacato “no sólo viola de forma manifiesta el derecho internacional sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra Estados Unidos.

Por su parte, la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, entregó una misiva al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que remarcó que la “Argentina advierte que es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato'”.

Eso, agregó, iría en contra de los “principios sobre los que descansa la convivencia internacional” que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas e implicaría “una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro de los bonistas reestructurados. “No se trata solamente de la afectación de derechos de terceras personas, sino de vulnerar aún más la soberanía de la República Argentina”, continuó Nahón.

La embajadora le transmitió a su vez a Kerry que “cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América”.