El juez de Nueva York afirmó que el pago que realizó ayer la Argentina a los bonistas que ingresaron al canje “es ilegal y no va a ser realizado”, y encomendó a las partes a negociar con el mediador Daniel Pollack.

El juez de Nueva York Thomas Griesa frenó el pago realizado el jueves por Argentina a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al señalar que el mismo es “ilegal” y convocó al Gobierno y a los fondos buitre a que se sienten a negociar con el mediador designado, Daniel Pollack.

Al mismo tiempo, el magistrado estadounidense dio por tierra con el pedido de embargo solicitado por el fondo NML Capital, de Paul Singer, de los 539 millones de dólares que Argentina depositó en las cuentas del Bank of New York Mellon para el pago a los bonistas con títulos reestructurados y ordenó a la entidad bancaria devolver ese dinero al país.

Apenas finalizada la audiencia, que se extendió por espacio de una hora y media, el mediador designado por Griesa, el experto en litigios financieros Dan Pollack, informó a la prensa que los representantes de Argentina y los de los fondos buitre llevarían adelante una reunión esta misma tarde, sobre la cual hasta el momento no hubo novedades. Griesa dio por iniciada la sesión a las 10.40 (hora de Nueva York, 11.40 en Argentina) en su despacho ubicado en el piso 26, con amplios ventanales y con una vista privilegiada de Manhattan.

Tras escuchar a las partes interesadas, incluido el representante del Bank of New York Mellon, Eric Schaffer, el juez Griesa advirtió que el depósito hecho por Argentina a los bonistas es  “ilegal” y que por lo tanto “no puede ser realizado y cualquiera que intente hacerlo estará en desacato con esta corte”.

Argentina, a través del abogado Carmine Bocuzzi, señaló que el pago al Bank of New York Mellon responde a una “decisión soberana de honrar sus deudas” en base al cumplimiento en tiempo y forma con los plazos establecidos en el proceso de reestructuración de  deuda, que cuentan con un vencimiento fijado para el lunes próximo, 30 de junio.

En ese contexto, Boccuzzi subrayó que el pago a los tenedores de bonos fue realizado porque de lo contrario el país se enfrentaría a una serie de demandas, al tiempo que reiteró la voluntad del país de seguir negociando con la parte demandante.

Al tomar la palabra, el defensor de NML Capital, Robert Cohen, planteó que el país había incurrido en “desacato” al realizar esa transferencia, “violando” así las decisiones de los tribunales y dejando ver una actitud “desafiante”. Luego, casi al final de la audiencia, Cohen expresó la voluntad de negociar de parte del fondo buitre al que representa.

Griesa, que con un tono de voz bajo y pausado intervino activamente en la audiencia y disparó preguntas a los abogados de las partes, en algunas oportunidades con términos más duros hacia los letrados de Argentina, decidió dejar el próximo paso en manos del mediador y que las partes retomen las negociaciones con el objetivo de “encontrar un camino” para “mantener el estatus quo”.

“Sería deseable, si es posible, llegar a un acuerdo”, sentenció el magistrado, quien reiteró en varias oportunidades la “importancia” de avanzar en las negociaciones.

El martes pasado, los abogados de Argentina y de los fondos buitre mantuvieron un encuentro con Pollack que se extendió por espacio de “por varias horas”, así como también reiteradas comunicaciones telefónicas, según reveló el mediador a través de un comunicado, en el que además comentó que las conversaciones serán de corte “confidencial”.

Tras conocer la decisión tomada por el juez Griesa, las autoridades del Ministerio de Economía no emitieron un pronunciamiento al respecto.

Ayer, el Gobierno efectuó el pago de 1.000 millones de dólares a los bonistas que ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010 -de los cuales 539 millones fueron depositados en el Bank of New York-, de manera de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda.

Además, a través de un comunicado oficial, responsabilizó al juez Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado el lunes 30 de junio, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.