Una denuncia penal presentada hace varios meses ante la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso y sostiene un clima de inquietud en el sector pesquero argentino. El presidente de PRODESUR S.A., Liu Zhijiang, acusó formalmente a nueve funcionarios nacionales y provinciales que integran el Consejo Federal Pesquero (CFP) por los delitos de cohecho y abuso de autoridad. El motivo: la exclusión de su empresa del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza negra para el período 2025-2039.
La presentación judicial, patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Juan Alberto Tiberio, solicita que se investigue el dictado de la Resolución 15/24 del CFP, mediante la cual se asignaron cuotas de merluza negra a un grupo reducido de empresas. La norma, no incluyó a PRODESUR pese a contar con permiso de pesca vigente y cumplir, según la denuncia, con todos los requisitos exigidos por la normativa.
La empresa pesquera con base en Tierra del Fuego opera con el buque Tai An. Hasta hace poco era concesionaria exclusiva de una cuota importante de merluza polaca. Sin embargo, según sostiene su presidente, ha sido desplazada injustificadamente tanto del régimen de merluza negra como del de merluza polaca.
La denuncia
El denunciante asegura que la exclusión de PRODESUR responde a un “acuerdo espurio” entre los miembros del CFP y otras empresas del sector, quienes habrían pagado sumas en dólares a cambio de ser beneficiadas con las cuotas de captura. La empresa afectada solicita, además, que se declare la nulidad de las resoluciones cuestionadas y se castigue penalmente a los responsables.
La denuncia alcanza a nueve miembros del CFP: Juan Antonio López Cazorla, presidente del CFP; Martín Fernández y Miguel Schmukler, representantes del Poder Ejecutivo Nacional; Paola Gucioni, representante del ministerio de Relaciones Exteriores; Julia Mantinian, representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Carla Seain, representante de la Provincia de Buenos Aires; Sergio Paleo, representante de la Provincia de Río Negro; Andrés Arbeletche, representante de la Provincia del Chubut y Gustavo Martínez, representante de la Provincia de Santa Cruz.
Todos los nombrados son considerados funcionarios públicos, lo que, según la denuncia, agrava su responsabilidad penal en los delitos presuntamente cometidos.
El régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) es una herramienta clave para la administración sustentable de los recursos pesqueros. Está regido por la Ley 24.922 y su decreto reglamentario 748/99, que establecen que las cuotas son concesiones temporales de bienes del dominio estatal. Para acceder a ellas, las empresas deben contar con permisos de pesca y cumplir una serie de requisitos.
Las figuras delictivas
Según la denuncia, la Resolución 15/24 violó la legalidad vigente al no convocar a un proceso de oferta pública y al concentrar las cuotas en pocas empresas, incumpliendo así con el artículo 27 de la ley, que busca evitar concentraciones monopólicas. Las empresas beneficiadas fueron ARGENOVA S.A., ESTREMAR S.A./SAN ARAWA S.A. y EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A.
La denuncia argumenta que estas decisiones administrativas violan principios constitucionales como el de igualdad ante la ley (art. 16) y el debido proceso (art. 18), además de configurar delitos penales.
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal califica la conducta de los funcionarios denunciados como Cohecho, por presuntamente haber recibido dinero para dictar una resolución favorable a ciertos intereses privados y Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por dictar un acto administrativo contrario al marco normativo vigente.
El denunciante aclara que los detalles de las sumas abonadas y la identidad de los testigos serán aportados en el proceso judicial, a fin de resguardarlos ante posibles represalias.
