El ministro de Economía Axel Kicillof expuso en el plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados donde reivindicó el proyecto de ley que declara de interés público la participación estatal en empresas clave de la economía y limita la transferencia de esas acciones al voto de una mayoría especial del Congreso nacional.

“Esta ley es un anticuerpo a cualquier intento de volver a privatizar las participaciones de accionarias que son de todos los argentino”, destacó el Ministro al tiempo que explicó los dos elementos centrales del proyecto: la condición que el Congreso adopte para la enajenación de las tenencias estatales en empresas privadas y la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee).

El Ministro repasó brevemente la historia de la privatización de los fondos previsionales en los ’90 con el consiguiente resultado “ruinoso” durante su puesta en práctica bajo el sistema privado de capitalización.

“Con las AFJP, los aportes de los trabajadores fueron a parar a manos de empresas subsidiarias del sistema financiero. Y estas operadoras actuaron a través del proceso de capitalización bursátil para comprar acciones de empresas privadas de distintos sectores de la economía a un precio que, poco después, valían menos”, manifestó Kicillof y agregó: “Fue una verdadera estafa porque los propietarios de las compañías que emitieron acciones y actuaron en conjunto con los administradores del sector financiero hicieron que los ahorros de los jubilados se manipularon y se redujeron significativamente”.

En ese sentido, el Ministro defendió la recuperación de los fondos previsionales y el sistema que establece la ley 26.425 que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS).

Entre los activos que conformaban la cartera de inversiones del FGS se encontraban acciones de sociedades anónimas y empresas privatizadas de oferta pública. Esas participaciones son administradas por la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Economía que trabaja analizando la situación de cada compañía y permite enteder las necesidades de cada sector, además de coordinar a los directores en representación del Estado.

Kicillof destacó la labor de esa oficina que, de aprobarse la ley, se convertirá en ANPEE y pasaría a depender del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley garantiza y preserva la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA; declara asimismo de interés público a las participaciones accionarias del FGS y del Ministerio, y prohíbe su transferencia y/o disposición, sin autorización expresa de las dos terceras (2/3) partes del Congreso de la Nación. Además, promueve el rol del Estado en la coordinación de la gestión de los Directores en representación del Estado Nacional como accionista.

“La venta de las acciones va a quedar sujeta a una decisión del Parlamento con dos terceras partes de modo tal que eso que fue el resultado de la privatización de los fondos de los jubilados no devenga ahora en una decisión unilateral del Poder Ejecutivo decidido nuevamente privatizar las participaciones en las empresas”, dijo Kicillof. “No es una prohibición de venta de estos activos”, aclaró pero “esa decisión tiene que resultar del consenso y una votación calificada de sus miembros porque las tenencias accionarias en empresas es propiedad de todos los argentinos, que además se compraron a un precio irracionablemente alto”.

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.