La Cámara de Armadores de Remolcadores (CAR) de la República Argentina, manifestó que el duro momento que arrastraba la actividad, como consecuencia de la crisis económica general, se agudizó con la llegada de la pandemia.

La entidad que agrupa al 90% de las compañías dueñas de los buques de remolques y maniobras en puerto, expresó que “las sucesivas crisis, provocadas por la coyuntura nacional, y por cuestiones propias de la rigidez de la actividad, han llevado a la mayoría de las empresas, que brindan centenares de puestos de trabajo, al borde de la quiebra en infinidad de ocasiones”.

El sector, es esencial para el comercio exterior e imprescindible en el marco de la emergencia sanitaria. Respetando los protocolos de salud establecidos, la actividad nunca se detuvo. No obstante, la pandemia los encontró atravesando una situación crítica producto de la crisis económica general y del sector de remolques en particular.

A partir de la vigencia de las restricciones, afirman que “el Puerto Buenos Aires perdió un 30% del volumen, principalmente debido a la suspensión de recaladas de portacontenedores; los puertos sobre el Paraná vieron una caída del orden del 40%; el de La Plata un 30% y los de Quequén y Bahía Blanca un 35%”.

A ello se suma que la cadena de pagos está casi suspendida. “La reducción de costos que han hecho las empresas ha sido llevada a su máxima expresión, por lo que la actividad está en una crisis casi terminal”, manifestaron.

El carácter de servicio esencial, en medio de la crisis del Covid-19, excluye al sector de los beneficios decretados por el gobierno para las empresas cuya actividad económica cayó debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.

En consecuencia, la CAR plantea que se contemple la posibilidad de aplicar “suspensiones subsidiadas”.

Explica que “cada remolcador lleva 12 tripulantes para las 24 horas de operación. No obstante, cada tripulante trabaja 12 horas. Además, tienen un coeficiente de franco de 0,6 por jornada trabajada. Lo que pedimos es evaluar el pago del 60 o 70% del sueldo para los trabajadores que están en sus casas, y exceptuar a las empresas del pago de cargas sociales. Pedimos también que los gremios acepten el “trabajo al gancho” (embarque sólo cuando hay actividad o tareas de mantenimiento) para poder paliar la crisis”, propuesta que espera una respuesta de los gremios.

Vale recordar que durante la gestión de Cambiemos, el sector sufrió un fuerte ataque del ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, quien promovió el ingreso de la empresa Svitzer, (Grupo Maersk), competidor extranjero, en las licitaciones para los servicios a los buques gaseros y regasificadores, en Bahía Blanca y Escobar.

La irrupción de la trasnacional redujo los “costos logísticos” que pagaban los armadores y puertos, hasta llevarlos a niveles que hicieron improductiva a la actividad. A este factor se agregaron la recesión económica; las restricciones sanitarias que limitaron las recaladas de buques; la crisis petrolera que impacta en la actividad de los buques tanque, las centrales térmicas y las destilerías; la reducción de la actividad de los buques gaseros; el dólar oficial “estancado” en un contexto inflacionario y la inflexibilidad del sector laboral para contemplar el marco de excepción actual.