A través de un dictamen difundido hace pocas horas, la Inspección General de Justicia suspendió “por irregularidades manifiestas” la Asamblea General Ordinaria que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había convocado para el 2 de octubre.
En este sentido se supo que la resolución que suspende la Asamblea General Ordinaria de la CAME se dictó por la falta de información, en particular de los balances del período 2019, que oportunamente reclamó su vicepresidente 1° Diego Navarro, sin ser saldada, ni en tiempo ni en forma.
Oportunamente la IGJ designó dos veedores, quienes tampoco pudieron hacerse de la información lo que pone a la entidad, fuertemente cuestionada por el manejo discrecional de fondos del comercio, en una delicada posición institucional.
La medida, que lleva la firma de Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector general de Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró “irregular e ineficaz a los efectos administrativos la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebrada el 7 de septiembre de 2020 y las resoluciones en ella adoptadas”.
Asimismo, dispuso suspender la convocatoria a Asamblea Ordinaria prevista para el 2 de octubre, imponer a la CAME y a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán la sanción de apercibimiento y ordenar la notificación de esta resolución a todos los asociados.
