A fines de setiembre del año pasado, el presidente Mauricio Macri salió a instalar con los medios y periodistas afines al Gobierno un “relato antimafioso” que hizo foco en una serie de delitos atribuidos al empresario del ámbito naviero y portuario, Miguel Doñate.

Tal como solía hacer la ex presidenta Cristina Kirchner cuando usaba la cadena nacional para acusar sin pruebas a los opositores como “destituyentes”, Macri utilizó dos actos oficiales para “escrachar” de manera intimidatoria y casi extorsiva a Doñate con el mote de ser uno de los “mafiosos del poder que frenan los cambios en el país”.

Para apuntar esa movida presidencial, la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y el ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich armaron un sesgado “dossier” contra el empresario que fue ampliamente replicado por el diario Clarín y los periodistas del programa televisivo “Animales Sueltos” que dieron por válidas las falsas acusaciones de la administración macrista.

La ofensiva oficial se había estructurado sobre la base de una investigación judicial que llevaba adelante el juzgado federal de Sebastián Casanello a raíz de una denuncia presentada por las agencias Marítima Meridian y Beteleuse Shipping Service SA del grupo Samarín contra la empresa Donmar de Doñate por los supuestos delitos de entorpecimiento de las vías navegables, puesta en peligro de las embarcaciones y extorsión económica.

Según la denuncia del grupo Samarín—que resultó funcional al Gobierno—, la compañía de Doñate (que actúa como administradora de un sector de los Prácticos de Bahía Blanca) había retrasado el ingreso adrede de ocho buques al puerto bahiense y exigido el pago de “sobrecostos” en efectivo y por adelantado para acceder al servicio de practicaje.

Casi un año después de esa movida y luego de que todos los testigos propuestos le dieran la razón a Doñate y que el propio grupo Samarin desistiera de la denuncia, el juez Casanello dejó al descubierto la maniobra macrista al determinar que no hubo delito alguno, ni acciones de tipo mafiosas para afectar el transporte marítimo y obtener beneficios económicos.

En la última semana de setiembre, el magistrado dio a conocer el fallo por el cual resolvió “archivar las actuaciones registradas por inexistencia de delito”.

Tras destacar que se trató de un “conflicto de naturaleza comercial más que penal” porque la agencia marítima de Samarín no quiso aceptar las condiciones de pago del servicio de Doñate, el fallo de Casanello –basado en los testimonios del personal de la Prefectura Naval (PNA) y de funcionarios del propio ministerio de Transporte– dejó bien en claro los tres datos clave siguientes:

–En el puerto de Bahía Blanca el servicio de practicaje no está monopolizado y es prestado en dos empresas diferentes de prácticos.

–La navegación y el tráfico en las vías navegables nunca se vieron afectados y tanto las entradas y salidas de los buques como los movimientos internos fueron con absoluta normalidad.

–Ninguna embarcación que operó en la zona portuaria bahiense estuvo en situaciones de riesgo y peligro por el accionar los prácticos.

A diferencia de lo que había ocurrido el año pasado cuando se puso en marcha esta “operación sucia”, ahora el Gobierno y los medios afines se llamaron a silencio y evitaron cualquier difusión del fallo de Casanello.

Si fueran hombres de bien, tanto Macri, como Dietrich deberían reconocer su error y pedir las disculpas correspondientes por haber lanzado acusaciones muy graves que no tenían ningún fundamento.

Caso contrario, seguirá mandando la soberbia y el Gobierno de Cambiemos habrá sumado una nueva mancha deshonrosa.

Fuente: Transporte y Energía