Las entidades que se reunieron en San Nicolás enviaron un duro mensaje al sector político

Mediante una carta dirigida al Presidente de la Nación Argentina, ministros, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales e intendentes y jefes comunales de la República los ciudadanos reunidos el viernes 9 de julio en San Nicolás hicieron pública una declaración.

La denominada “Proclama” de ocho puntos, fue suscripta por los autoconvocados y más de 1204 entidades que nuclean a productores agrarios, ganaderos, agroindustriales, asociaciones gastronómicas y comerciales, cámaras empresariales del turismo, la industria, el transporte, frutihortícolas y expendedores de combustible de distintos puntos del país. 

El texto plantea que “el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio”, que “la única fuente de riqueza genuina de una Nación es la actividad productiva” y que “el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto”.

Destaca que “es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad”, señala que “la educación es un derecho inalienable y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país” y que “el personal de salud es el principal afectado por la pandemia y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica”.

Otro apartado refiere que “la única fuente de ingresos para el país es la exportación y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda”. 

Tras solicitar que “todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal por el tiempo suficiente para que puedan recuperarse” indica que “el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general y del gasto político en particular”. 

Asimismo, emplaza “a los representantes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal” a “tomar medidas concretas y efectivas que den evidencias claras de su compromiso con lo demandado en esta proclama en un plazo máximo de 20 días”.

Advierte que “de lo contrario, llevaremos a cabo medidas de fuerza destinadas a preservar los derechos e intereses de todos los ciudadanos productivos, cuyo esfuerzo es parasitado a diario para sostener los privilegios de los que goza la clase gobernante, así como el aparato clientelar del que ésta hace uso para sostenerse en el poder”. 

“Cualquier oferta de diálogo estará subordinada a la previa aplicación de medidas concretas. Sin acciones que den evidencias claras de la buena voluntad de los gobernantes, el diálogo no es más que un simulacro, una práctica dilatoria que ya no estamos dispuestos a tolerar”, concluye.