El enfoque del equipo económico liderado por el presidente Javier Milei se centra en mitigar la inflación mediante una política de “déficit cero“. Este objetivo se busca alcanzar mediante la reducción del gasto público y el aumento de impuestos, según señaló Santiago Giraud, economista y miembro del área de Economía de CREA.
Asimismo, el economista evaluó el impacto actual y las proyecciones del proceso de estabilización macroeconómica emprendido por el gobierno nacional, buscando contrarrestar las consecuencias del desequilibrio heredado de la administración anterior.
“No hubo sorpresas ni excentricidades: se trata de la clásica receta del Fondo Monetario Internacional, que consiste básicamente en devaluar la moneda y hacer una corrección fiscal”, explicó Giraud.
“El componente más libertario no apareció y fue reemplazado por el pragmatismo al desdecirse de muchas o algunas de las promesas de campaña realizadas por Milei: puntualmente, la de no subir impuestos, la reforma de Ganancias o eliminar las retenciones que afectan al sector agroindustrial con las que se dio marcha atrás”, añadió.
El economista señaló que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), que refleja la competitividad de los sectores exportadores, ha alcanzado su nivel más alto desde 2002. Esta medida se implementó con el objetivo de impulsar una pronta recuperación de la capacidad generadora de divisas a través del comercio exterior.
La estabilización de Milei sin ancla cambiaria
Analizando la evidencia histórica regional, observó que los planes de estabilización exitosos suelen establecer, después de una devaluación inicial, un ancla cambiaria. Sin embargo, debido a la inflación, este ancla comienza a experimentar un significativo rezago, disminuyendo la competitividad del sector exportador y fomentando las importaciones. Por este motivo, cualquier contribución que genere un superávit en la cuenta corriente inicial aumenta las posibilidades de éxito durante el proceso de estabilización.
La próxima aceleración inflacionaria no solo restará progresivamente competitividad al sector exportador, sino que también disminuirá la capacidad de compra de los consumidores argentinos. Esto resulta especialmente relevante para actividades con una mayor dependencia del mercado interno, como la ganadería o la lechería.
