En el art. 40 de la nueva ley de Presupuesto 2019, figuran 340 millones de euros para comprar una flota de Patrulleros Oceánicos (OPV) para la Armada. El concepto, monto, moneda y plazo casualmente coinciden con los de la muy inconveniente negociación directa y exclusiva de nuestro país con el astillero estatal francés. El gobierno argentino avanza con esta compra a pesar de los informes que le demuestran un sobreprecio del 70%, la destrucción de 4000 empleos y que la nueva ley de industria naval impide tal importación que excluye toda consideración de la industria local.
¿Porqué no hacer una transparente licitación internacional, o construirlos en el país como hacen los países de la región, generando empleo y desarrollo? La industria naval nacional, principalmente privada, asociada a proveedores externos, puede fabricar esos barcos con calidad, precios, plazos y condiciones financieras mejores que las de la muy excesiva oferta del astillero estatal galo.
¿Porqué la armada prefirió negociar sólo con este proveedor que ofrece barcos que ni la misma Armada francesa quiso comprar y que además lidera el ranking de la corrupción naval mundial en operaciones similares a ésta. Según el estudio de la prestigiosa Fletcher School para la World Peace Foundation, este astillero estatal galo recientemente habría pagado más de 1000 millones de dólares de comisiones indebidas en Brasil (socio de Oderbrecht en Lava Jato), Malasya, Arabia, Taiwan y Pakistán.
La cumbre Macron-Macri, sólo días después de la aprobación del Presupuesto, fue designada para perpetrar la mayor y más escandalosa compra naval de la historia argentina.
¿Será a cambio del acceso de nuestro biodiesel a Europa, casualmente frenado por el voto negativo de Francia?
Por Raúl E. Podetti. Ingeniero Naval. Autor de ¨Industria Naval Argentina – 100 Años¨.
