Los pequeños y medianos productores agropecuarios señalaron los principales obstáculos que enfrentan para el desarrollo de su sector.

En ese sentido, indicaron que continúan con serias dificultades para ofrecer sus productos al mundo ante los continuos cambios de normativas. También tiene inconveniente  la hora de registrar y desvincular trabajadores temporarios necesarios para la cosecha, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y  una falta de política tributaria regionalizada que contemple las asimetrías del interior profundo y el tamaño de las empresas.

Desde políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, seguridad alimentaria como política de Estado, y financiamiento a tasas razonables, fueron los principales puntos del reclamo.

Según datos relevados por el Censo Nacional Agropecuario 2018, de las 250.881 explotaciones agropecuarias existentes, más del 63% corresponden a economías regionales. Los productores exigieron medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad.

Respecto al nuevo Gobierno afirmaron que esperan que la desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo se mantengan.