El pago adicional dispuesto por el funcionario para los fabricantes del biocombustible a través de la Resolución 552/19, para sus entregas de septiembre, se haría bajo la condición de que las empresas Pymes “renuncien a todo derecho de reclamo” por los recurrentes atrasos y cambios en las reglas de juego en las que incurrió la propia Secretaría.
Esta situación, según CEPREB, “no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”, expresaron.
La Resolución dispone “una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción de biocombustibles establecido por las leyes 26.093 y 26.334, equivalente al 6% del precio establecido por esta Secretaría de Gobierno de Energía para el mes de agosto, aplicable a la producción entregada al mercado local durante el mes de septiembre de 2019”.
Pero luego la norma define que “la solicitud de las transferencias que correspondan en los términos de esta resolución deberá estar acompañada de las renuncias de las empresas productoras de petróleo y las provincias concedentes a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional”.
Las Pymes, que venían denunciando un atraso en los precios muy superior a los porcentajes que ahora concede Lopetegui, rechazaron la Resolución y la tildaron de “extorsiva”. Recordaron todos los motivos que tienen para reclamar, incluso judicialmente: “a la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la secretaría de Energía de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes conforme lo establece la ley 26.093”.
Esto surge porque ante la falta de entrega del biocombustible por parte de las firmas Pyme que son adjudicatarias de parte del cupo, las petroleras habrían recurrido a comprar el fluido de las grandes aceiteras exportadoras, que no deberían participar del mercado doméstico.
“Estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los 600.000.000 pesos”, advirtió la Cámara del Biodiésel, que volvió a pedir al Estado que se respete la legislación vigente. Significa que las petroleras compren el biodiésel para cortar el gasoil a quienes tienen cupo asignado y que ejerzan las demás funciones que le competen, como fijar los precios de ese corte en tiempo y forma, con valores razonables que cubran los costos de producción.
