El Gobierno decidió disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de transporte público de pasajeros de Jurisdicción Nacional “para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa canalizando dicha asistencia a través de SUBE“. La comunicación oficial destaca que de este modo se cumple “uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión”.
En la misma dirección, en primer término, la secretaría de Transporte resolvió “terminar con
el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y
colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción
Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos
necesarios para operar”. Esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas.
“De igual modo, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior,
cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto
del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, agrega el organismo público.
SUBE
Desde la Transporte informar que estas decisiones “guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provincialesy Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
Consignaron que el acuerdo “también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Asimismo, señala que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”.
En esta línea, la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a
los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo y beneficiando así a las personas que
más lo necesitan.
