Hace algunos días compartí en mis redes un clip, que aprovecho a dejar por acá para quienes no lo vieron:
Creo fervientemente en la educación financiera como camino para que las próximas generaciones mejoren sus condiciones y las de su entorno. Para que no solo las personas, familias y empresas entiendan cómo protegerse de los abusos, sino para que los espacios de poder político cuenten con representantes capacitados en estas artes (aunque lo consideren una exageración, puede llegar a ser todo un arte conocer los recovecos de la fiscalidad internacional y planificación patrimonial).
Cuando vi el clip antes de su publicación me pareció que estaba muy bien. Pero ahora, después de los acontecimientos de las últimas semanas, me parece que le falta un ítem: además de servir para conocer, informarse y cuidarse, la educación financiera es fundamental para poder opinar.
Sabemos que hablar, todos hablan de cualquier cosa (y también creemos en esa libertad, aunque a veces nos cueste compartir planeta con algunos seres). El problema ocurre cuando lo hacen funcionarios, gente que ocupa lugares estratégicos, de decisión. Pasó en Argentina, con un asesor del presidente Alberto Fernández.
“Hasta tanto crezcamos y la base imponible sea lo suficientemente alta para que la recaudación sustente ese gasto, ¿no tendremos que buscar algún nuevo impuesto?”, se preguntó el funcionario en una entrevista con el diario La Nación.
Se trata de Antonio Aracre, y llama un poco la atención viniendo de un hombre que pasó la mayor parte de su vida en la actividad privada. Hasta diciembre fue CEO de Syngenta, aunque deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que se manifiesta ideológicamente afín al kirchnerismo.
Decía, entonces, que al clip podría faltarle eso: educación financiera para opinar.
¿Cómo se puede pensar que un nuevo impuesto, uno más a los que ya hay a nivel nacional, provincial y municipal, podría ayudar a alguien? Lo hemos dicho, hablado y escrito infinidad de veces: todos los impuestos que se ponen a las empresas y a los ricos terminan perjudicando a los que menos tienen.
Los impuestos, o al menos los impuestos abusivos (y de esos en Argentina hay de sobra), atentan contra la creación de fuentes de trabajo, contra la inversión de las empresas y además contra la inflación, ya que muchos de esos impuestos se trasladan a los precios. Precios que pagan no sólo los ricos (que de todos modos podrán pagarlos), sino sobre todo los que menos tienen.
Podemos dejarle a Aracre, si alguien le quiere hacer llegar este texto nos haría bien a todos, un listado resumido de lo que generaría un nuevo impuesto en Argentina:
- Freno o reducción de la inversión
- Freno en la creación de empleos o mayor desempleo
- Aumento de precios
- Inflación
- Incertidumbre en los mercados
- Continuidad de la inestabilidad económica
- (por todo lo anterior) Mayor conflictividad social
- (como consecuencia) Inestabilidad política
Y podría seguir, porque las consecuencias son prácticamente infinitas. Lo concreto es que nada bueno puede salir de un nuevo impuesto en un país que no crece. Todo lo contrario: bajen los impuestos, permitan que las empresas y las personas tengan libertad de decisión para hacer con su dinero lo que les dé la gana, y el crecimiento estará más cerca que con cualquier tributo que quieran inventar.
Y si lo desean, estoy a disposición para acompañar la educación financiera de cualquier funcionario de turno. Le va a venir genial.
