En las últimas semanas, el intendente de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Pablo Grasso, junto a su Concejo Deliberante, decidieron aumentar los costos de los transportar mercaderías en esa ciudad y hacia Tierra del Fuego. 

La nueva normativa implica la implementación de una tasa de casi $4000 por camión por el concepto de uso y ocupación de las calles y rutas, aunque no sean de su jurisdicción.

“La tasa que se comenzó a cobrar en los últimos días y se abona cada vez que un camión circula, atenta contra el poder adquisitivo de los ciudadanos de esa localidad y de toda Tierra del Fuego”, explicaron desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Tras aclarar que “el sector no es formador de precios, se ve obligado a trasladar los aumentos de costos a sus tarifas y, consecuentemente, pueden llegar a los precios de los productos que consumen las familias”, los empresarios afirman que “la ignorancia del Legislativo local y del intendente en esta materia hace que, mediante una medida que tiene el solo fin de recaudar, aumente la presión sobre el bolsillo de los ciudadanos, que ya se encuentra muy golpeado”.

“Los funcionarios municipales deberían analizar cómo establecen sus políticas de gobierno alienadas al Estado provincial y nacional, para que permitan hacer más fácil la vida de los ciudadanos y fomentar las inversiones que generan empleo.  El dictado de políticas como la que denunciamos atenta contra el buen funcionamiento de la economía local y regional. Esta tasa afecta, además, el transporte internacional ya que se aplica tanto a flotas nacionales como internacionales, debido a que es un paso obligatorio para el sector”, añadieron desde FADEEAC.

En el mismo sentido recordaron que “el sector sufre, desde hace casi 10 años, aumentos constantes en sus costos producto de las distintas devaluaciones y la suba del precio de los combustibles. A pesar de ello, sigue invirtiendo, transportando cargas, pagando impuestos y dando trabajo a cientos de miles de familias”.

La entidad sostuvo además que “el autotransporte de cargas no está en condiciones de abonar ninguna tasa más, mucho menos si es confiscatoria y desleal. Por ello, le solicitamos a las autoridades legislativas y ejecutivas de Río Gallegos que den marcha atrás con esta medida que no hace más que dañar la economía de las empresas y de las personas”.

Finalmente manifestaron que “FADEEAC, junto con sus entidades CALCSyLSUR y CEFAC, dice basta de quitarle la plata a los transportistas”.