YPF arrancará el segundo semestre con un doble comando, que tendrá un perfil más profesional y pragmático, y por lo tanto más alejado del manejo centralizado y politizado que tuvo en los últimos años.

Ricardo Darré (un ingeniero argentino graduado en el ITBA que desarrolló buena parte de su carrera en la francesa Total) asumirá como nuevo CEO de la principal petrolera argentina, que cotiza en Wall Street, y desde fines de abril preside Miguel Ángel Gutiérrez (ex CEO de Telefónica Argentina en 2002/ 2003), un especialista en finanzas con amplia trayectoria en JP Morgan.

Así quedará formalmente desdoblada la conducción que ejerció Miguel Galuccio durante los cuatro años posteriores a la controvertida reestatización parcial en abril de 2012, cuando regresó al país desde Londres para ser designado por Cristina Kirchner por recomendación de Sergio Urribarri, ex gobernador peronista de Entre Ríos.

Su renuncia obedeció a la presión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, aunque se concretó en buenos términos a cambio de una millonaria indemnización.

Darré también volvió ahora a la Argentina, pero desde Houston y con otra particularidad: surgió de la búsqueda de ejecutivos a nivel nacional e internacional encomendada al headhunter Egon Zehnder.

Según se comenta en los pasillos de la torre de Puerto Madero, su retribución básica equivaldría a menos de la mitad que la de su antecesor.

Además, ya quedó completada la renovación del directorio iniciada en diciembre, que incluye a dos ex titulares de YPF (Octavio Frigerio y Roberto Monti) y a dos ex secretarios de Energía (Emilio Apud y Daniel Montamat), entre otros.

Con la nueva estructura, YPF se apresta a replantear la estrategia de negocios esbozada desde el cambio de gobierno e influida por el impacto del derrumbe del precio internacional del petróleo, que en los últimos dos años complicó la ecuación económica de todo el sector.

Por lo pronto apunta a convertirse en una empresa energética integral y a concentrarse no sólo en petróleo y gas. De hecho acaba de crear una vicepresidencia de Gas y Electricidad, a cargo de Marcos Browne, y de sellar una alianza con la estadounidense GE para instalar en El Bracho (Tucumán) una central de ciclo combinado que, a partir de 2018, aportará 260 MW al sistema interconectado con una inversión de 170 millones de dólares.

También invertirá (a través de YPF Energía Eléctrica SA, creada en 2013) otros 200 millones para construir el parque eólico de Manantiales Behr (Chubut), con 30 aerogeneradores y 100 MW de potencia instalada. Paralelamente avanza con Y-Tec (una sociedad con el Conicet) para desarrollos tecnológicos en la industria petroquímica y la fabricación de celdas de litio en la Puna jujeña.

En cuanto a la producción de hidrocarburos, la suba de los precios internos del gas natural -a un valor promedio de US$ 4,8/5 por millón de BTU, inferior al de US$ 5,5 de importación de GNL- hará que las inversiones se concentren en las áreas gasíferas con mayor potencial, ya sean convencionales o no. En este último caso habrá más énfasis en gas que en petróleo.

La razón es que los nuevos proyectos que incrementan la producción reciben el subsidio estatal (Plan Gas) que eleva el precio a US$ 7,5 por MBTU.

Esta tendencia se verifica desde hace tiempo. Según el informe especializado Carta Energética, la producción local de gas viene de registrar 16 meses consecutivos de crecimiento y en el primer trimestre, la inyección en gasoductos mostró una suba de 7,7% interanual. A la inversa, la producción de petróleo se redujo 1%, con una caída de 37% en el número de equipos activos de perforación y la desaceleración de inversiones en Vaca Muerta, debido al desplome del precio externo del crudo y pese al precio sostén interno más alto (“barril criollo”) que viene de la era K para sostener la actividad y el empleo en el sector.

De ahí que YPF (cuya producción de crudo representa el 43% del total nacional) haya decidido este año recortar sus inversiones en 25% y diseñar un plan para buscar socios o, directamente, desprenderse de áreas petroleras marginales en distintas cuencas. También acaba de quitarse un lastre con el pedido de quiebra de la petrolera Maxus en los Estados Unidos, que había adquirido en la década del 90 y arrastra pasivos ambientales cercanos a los US$ 200 millones.

Como contrapartida se concentrará en la recuperación secundaria o terciaria de pozos en declinación, para aumentar la extracción a base de nuevas tecnologías con costos muy inferiores a los que se emplean en shale oil. Esta revisión evitará un mayor endeudamiento de la compañía, que orilla los US$ 7500 millones. Este fue uno de los principales aspectos cuestionados por Aranguren a la gestión Galuccio. Según ese enfoque, no sólo colocó deuda para financiar las costosas inversiones en yacimientos no convencionales cuando el crudo se ubicaba en torno de los 80 dólares por barril, sino que respondió a la presión del gobierno de CFK para apuntalar las raquíticas reservas del Banco Central.

El replanteo estratégico de YPF se vincula además con las previsiones oficiales para hacer converger gradualmente, en un plazo de uno o dos años, el precio del “barril criollo” con el del mercado internacional, que últimamente se recuperó para cotizar a casi 50 dólares por barril y ahora vuelve a ser una incógnita tras el voto a favor del Brexit.

En la actualidad, ese precio sostén alcanza en pesos el equivalente de US$ 67,5 por barril para los crudos livianos y 54,9 para los pesados. La diferencia se traduce en combustibles más caros, lo que implica que los consumidores pasaron a subsidiar a la industria petrolera, a diferencia de lo que había ocurrido en el período 2004/2012. Por lo pronto, el repunte del crudo por encima de 47 dólares acaba de marcar el fin del subsidio de 10 dólares por barril para la exportación de los crudos pesados de la cuenca de San Jorge, que en los últimos meses fue cubierto en 7,5% por el Tesoro de la Nación y en 2,5% por el gobierno de Chubut.

Con este panorama, el desafío para YPF y el resto de las petroleras es aumentar la productividad y bajar costos, sin que la reducción de personal sea la única variable de ajuste. Aquí el test inmediato es la paritaria con los gremios petroleros, que reclaman una suba salarial de 40% en dos tramos hasta diciembre más una suma fija con retroactividad a abril.

Fuente: laribera.com.ar