Por Camilo Urquizu- Llegó el día, poco antes del mediodía empezará el debate por el Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados en medio de una gran movilización social que pide el rechazo del proyecto.

Tras el exabrupto del Gobierno de anunciar que el proyecto de Presupuesto 2019 había obtenido dictamen de mayoría, cuando aún se estaba discutiendo en comisión, la oposición denunció que se pone en riesgo la “viabilidad de La Nación”. Hoy, a las 11 de la mañana, se debatirá el proyecto de presupuesto para el próximo año en una sesión que se anuncia durará alrededor de 16 horas.

El enojo de la oposición se desató ante la maniobra del oficialismo para sumar 27 diputados, después de que el oficialista Luciano Laspina, titular de la comisión, convocó a sesión especial a espaldas de la oposición. El jefe de la bancada por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, despotricó al enterarse de esa situación, “”Hoy somos una escribanía del FMI, sesionamos cuando lo dice el Fondo y votamos lo que nos pide”. Axel Kicillof por su parte denunció el proyecto, “tiene fallas técnicas insalvables y compromete severamente no solo el futuro financiero del próximo gobierno, sea del signo político que sea, sino la vialidad de Argentina como Nación”.

A último momento también se supo se introdujeron modificaciones como la creación de un fondo compensatorio de $6500 millones para las provincias debido al traspaso de los subsidios al transporte. Se incluyó una partida de $500 millones de pesos para el Conicet y para Cultura, otros $500 millones para el INTA, $100 millones para el Sedronar y $60 millones para el plan contra la violencia de género.

Por último, en el proyecto original se proponía que cooperativas y mutuales dedicadas a actividades financieras y de seguros paguen Impuestos a las Ganancias, eso se modificó por pedido de la mayoría de los bloques con “el fin de no afectar a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales. Asimismo Cambiemos dio marcha atrás con el nuevo artículo 8 del Presupuesto, que otorgaba atribuciones al Ejecutivo para introducir ampliaciones en los créditos contemplados en la ley que omitía la exigencia de que se trate, plazos, montos o intereses a favor del Estado, si no a las “condiciones imperantes en el mercado financiero”.