En el primer minuto de octubre, las empresas petroleras aumentaron 6% promedio el precio de las naftas y el gasoil en todo el país, por efecto de la suba de impuestos a los combustibles, el alza en los biocombustibles, la alta inflación y la devaluación del peso.

Con esta medida, el litro de nafta súper acumula un incremento de 52,885 en lo que va del año, mientras el diésel premium se encareció 98,70% en el mismo lapso. De este modo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasó a valer $ 138,20 y la premium $ 169,70, en tanto el gasoil $ 145,70 y el gasoil premium $ 198,50.

Alarma

Días antes de los aumentos, un informe sobre expendio de combustibles elaborado por la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) encendió las alarmas en un sector fuertemente golpeado por la crisis, la inflación y la falta de políticas energéticas serias. Según su reporte mensual, la venta en los surtidores muestra una tendencia decreciente en los meses de mayo, junio y julio acumulando una caída del 4.2%. 

De acuerdo al relevamiento, en comparación con el mes previo, el volumen de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino se redujo durante julio de 2022 un 3.1%, con caídas en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales. “Esto es una señal de alerta para nuestro sector, que viene sufriendo desde la recesión de 2018 y hoy sobrevive en un contexto totalmente hostil, marcado por la falta de políticas energéticas claras y con rumbo incierto, la inflación y los precios pisados en los surtidores”, explicó el presidente de CECHA, Gabriel Bornoroni.

En este contexto, los directivos de CECHA se reunieron con la nueva secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. Durante el encuentro, al que calificaron como “un paso muy importante para ser escuchados y poder manifestar las inquietudes del sector”, pudieron trasladarle las problemáticas y urgencias, vinculadas principalmente con la provisión de combustibles, la aplicación de cupos por parte de las empresas proveedoras y los problemas de abastecimiento.

También sumaron otras cuestiones relacionadas con el margen de rentabilidad y la necesidad de actualizarlo acorde a la inflación; los aranceles y plazos de pago de las tarjetas de crédito y la necesidad de un plan de acción para proteger de robos y vandalismo en las Estaciones de Servicio. Por último, también manifestaron su desacuerdo con la red PARAR, un programa nacional para el desarrollo de una red de infraestructura y de servicios sobre rutas; solicitaron que, de llevarse adelante, se incluya no solo a las bocas YPF, como establece el proyecto original, sino también a las demás estaciones de servicio.