El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández, declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, a raíz del impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

La declaración faculta al jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a delimitar las áreas afectadas por la emergencia. De igual modo, se instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante.

Así, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), asistirá las poblaciones ribereñas; en esa línea Ambiente y Desarrollo Sustentable, mantendrá el control de incendios.

En tanto, el Ministerio de Transporte observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas. 

Por su parte, el Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente. Asimismo, se define la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas.

Cabe recordar que, anteriormente, el Gobierno ya había dispuesto la conformación de un comité de crisis permanente en el ámbito de SINAGIR, encabezado por el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para monitorear la bajante del Río Paraná, y además se resolvió la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica de $ 1.000 millones, para la asistencia de las provincias y localidades afectadas.  

La mesa de trabajo de ese comité le asignó al SINAGIR, cuya Secretaría Ejecutiva depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, la responsabilidad de centralizar la información técnica oficial, la realización de un análisis integral de la situación y el monitoreo en forma permanente de todos los aspectos que derivan de esta bajante a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME). De esta manera, se conforman mapas dinámicos de riesgo que permiten planificar con mayor eficiencia las acciones de apoyo y mitigación federal y la toma de decisiones.

La bajante actual del Paraná es la más importante verificada en nuestro país en los últimos 77 años. El déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú, y la sequía son factores determinantes. Las bajantes y las crecidas son procesos naturales y cíclicos en cualquier sistema fluvial, pero se transforman en noticia cuando exceden los parámetros normales; esto ocurre hoy. Desde 2019 las precipitaciones en la cuenca han estado por debajo de las medias mensuales de los últimos 10 años.