“Luego de las denuncias judiciales y mediáticas que realizó la APDFA, las autoridades de Puerto Buenos Aires desistieron en sus planes para garantizar su continuidad en el control del puerto y condicionar al futuro gobierno nacional”, informó la entidad gremial.

El comunicado suscripto por Leonardo Salom, secretario general adjunto de la organización que representa al personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, agrega que “las autoridades portuarias elevaron el lunes 11 de noviembre al ministerio de Transporte un nuevo decreto de levantamiento de la intervención a AGPSE y dieron de baja los polémicos artículos que designaban al Presidente del Directorio y los directores afines por tres años y que aseguraban el control de las licitación de las terminales portuarias, la transferencia del único puerto federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la privatización de terrenos portuarios para desarrollos inmobiliarios”.

Asimismo, el texto destaca que “sin el apoyo incondicional y la movilización del a FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y la Industria Naval, de dirigentes políticos del futuro gobierno nacional y de miembros del actual Poder Legislativo, no hubiese sido posible hacer frente al irrefrenable afán de las autoridades portuarias”.

No obstante, ADPFA sostiene que “el levantamiento de la intervención de la AGPSE sería una medida saludable, si en la misma no se excluyera a los trabajadores del sector en el Directorio, por lo que no cesará en su reclamo por los medios que crea convenientes”.

En otro de los párrafos manifiesta que “reforzará en su reclamo a las autoridades de Puerto Buenos Aires para que se dé baja a la fecha prevista para la apertura de ofertas para la licitación de la terminal portuaria única, el 2 de diciembre próximo, proyecto que crea un monopolio en un nodo central del comercio exterior nacional y pone en peligro centenares de puestos de trabajo”.

Finalmente, ADPFA insta a las autoridades a que “cesen en sus iniciativas de pasar a planta permanente de la AGPSE a funcionarios políticos nombrados en cargos jerárquicos, asesores y familiares ingresados en los últimos cuatro años” y a que “frenen con contrataciones de obras y servicios millonarios que condicionan el presupuesto y la gestión de las autoridades políticas que asumirán el 10 de diciembre próximo”.