Ampliaron denuncia penal contra las autoridades de Puerto Buenos Aires

La Asociación del Personal de Dirección Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA), amplió su denuncia penal contra las autoridades de Puerto Buenos Aires, por la intención de crear una estructura que asegure su continuidad luego del cambio de Gobierno.

29 octubre, 2019

En el marco de la denuncia penal contra Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la APDFA amplió la denuncia presentada contra las autoridades de la Administración General de Puertos S.E., organismo a cargo de la Administración del Puerto Buenos Aires, por la iniciativa para modificar la estructura de la empresa, vía decreto presidencial y crear un directorio que garantice su continuidad en el control del PBA, luego del cambio de gobierno del 10 de diciembre y la transferencia a la órbita del GCBA.

En la ampliación los delitos enumerados son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Asimismo, solicita que se ordene a los funcionarios cesar los efectos de los hechos ya cometidos y se emita una medida de no innovar sobre el status jurídico de la AGPSE- PBA, único puerto federal, al GCBA.

“El directorio nombrado por el oficialismo vía decreto presidencial, condicionaría a las futuras autoridades y garantizaría la continuidad de las decenas de funcionarios políticos nombrados en cargos jerárquicos”, afirma el escrito.

La APDFA sostiene que el levantamiento de la intervención de la AGP sería una medida saludable, si no se procurara realizar a escasas semanas del cambio de Gobierno, excluyendo a los trabajadores del sector en el Directorio. “Su trámite “entre gallos y medianoches”, deja en evidencia su verdadera finalidad, que es transferir el PBA al GCBA, la venta de terrenos portuarios para negocios inmobiliarios, el control de un sospechado proceso de licitación y la perpetuidad en el poder de funcionarios políticos”. concluye. 

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