El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo expresó su rechazo a cualquier intento de reducción salarial en el sector pesquero, advirtiendo que los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste en un contexto de crisis. “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes y rechazamos cualquier medida que precarice las condiciones laborales”, señaló la entidad en un comunicado.
El documento, firmado por Mariano Moreno, secretario general de la entidad, también convoca a un “diálogo responsable con el sector empresarial y las autoridades para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores“. La advertencia surge en un momento crítico para la industria pesquera, donde distintos actores han planteado medidas que afectan directamente a los trabajadores del sector.
Por un lado, algunos empresarios han solicitado al Gobierno Nacional la implementación de un Régimen de Derechos de Exportación con alícuota del 0% para los productos y subproductos de la industria pesquera. En paralelo, otros proponen un recorte del 30% en los salarios de los tripulantes que trabajan a bordo de las embarcaciones pesqueras. “Vemos con total preocupación estas iniciativas, ya que la primera solo favorecería al eslabón exportador de la cadena de valor pesquera, dejando de lado a aquellos armadores que realizan exclusivamente tareas extractivas”, señala el documento. Además, advierte que esto generaría una primarización total de las exportaciones, con el consecuente cierre de plantas procesadoras y pérdida de empleo.
Desde el gremio también enfatizan que “resulta inadmisible cualquier tipo de recorte al salario de los trabajadores del sector, ya que gracias a su esfuerzo y sacrificio se generan las capturas que permiten que la industria se desarrolle”. En este sentido, recuerdan que el actual gobierno restableció el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, eliminando el alivio fiscal que se había conseguido en 2023.
Aumento del combustible y su impacto en la rentabilidad
Otro de los factores críticos que afectan a la industria pesquera es el incremento del costo del combustible. Según el análisis del Centro de Patrones, en 2023 el precio promedio del litro de combustible fue de $248, mientras que en 2024 trepó a $1000, lo que representa un aumento cercano al 400%. “El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, liberó los precios de los combustibles sin medir ningún tipo de consecuencia”, sostienen desde el gremio.
El informe detalla el impacto de estos incrementos sobre las distintas flotas que componen la industria pesquera nacional. En el caso de la flota costera marplatense, cada embarcación consume en promedio 175.000 litros por viaje y realiza 50 viajes al año, mientras que la flota fresquera de altura consume 384.000 litros en cada viaje con un promedio de 40 viajes anuales. La flota tangonera congeladora, por su parte, registra un consumo de 804.000 litros por viaje con 20 viajes al año, en tanto que la flota congeladora dedicada a la pesca de merluza negra alcanza los 3.145.000 litros por viaje con un total de 5 viajes anuales.
Según los cálculos del gremio, en 2024 una embarcación de la flota de menor porte tuvo costos por $175.000.000 (US$ 195.480,49), mientras que un buque de la flota más grande destinó $3.145.000.000 (US$ 3.513.063,68) en combustible, impuestos incluidos. Si el Gobierno hubiera eliminado los impuestos a los combustibles, los costos hubieran sido significativamente menores, generando un saldo favorable de $66.500.000 (US$ 74.282,59) por unidad en la flota costera y de $1.195.100.000 (US$ 1.334.964,20) en la flota de mayor porte.
“El valor del combustible representa uno de los principales factores que afectan la rentabilidad y competitividad de nuestra industria. La carga impositiva sobre los combustibles encarece de manera significativa la operatividad de las embarcaciones, impactando no solo en los costos de producción, sino también en la sostenibilidad de las empresas y el empleo en el sector”, enfatiza el documento.
El comunicado finaliza con un reclamo directo al Gobierno Nacional al señalar que “debe hacerse cargo del impacto negativo de sus medidas de gestión, que han generado un feroz incremento en los costos de producción de la actividad pesquera extractiva. Es indispensable que se lleven soluciones a los trabajadores y las empresas del sector para poner fin a esta situación alarmante que está viviendo la comunidad pesquera”.
