Las nueve entidades sindicales que integran la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), emitieron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” ante los proyectos que podrían derivar en la desregulación de la Marina Mercante y el Cabotaje Nacional. La entidad sindical alertó sobre las graves consecuencias que esto podría tener para la soberanía nacional, la industria marítima argentina y el empleo en el sector.

La eventual flexibilización de la normativa del sector por parte del Gobierno nacional, encendió las alarmas en la FESIMAF, que reiteró su compromiso con una Marina Mercante Nacional fuerte, eficiente y competitiva, sin sacrificar los derechos de los trabajadores ni la soberanía del país. La Federación destaca que el Cabotaje Nacional es la columna vertebral de la actividad marítima argentina y que su protección es fundamental para garantizar el desarrollo del sector.

Uno de los puntos clave que señala la entidad es la posible pérdida del know-how en el sector marítimo. Afirma que la desregulación podría generar una disminución en la calidad de la formación de los tripulantes nacionales, afectando la capacidad del país para sostener una industria marítima competitiva y soberana.

Además, la eliminación de la Reserva Naval, una herramienta clave para el apoyo logístico en situaciones de conflicto, es vista como un riesgo significativo. En este sentido, la Federación recuerda el papel crucial que desempeñaron los marinos mercantes durante la Guerra de Malvinas y cómo una Marina Mercante fuerte es un componente estratégico para la defensa nacional.

Soberanía y consecuencias económicas

Otro punto de alerta es la soberanía comercial. La Federación advierte que sin una flota nacional, el país quedaría a merced de empresas extranjeras cuyos intereses pueden no coincidir con los de Argentina. Un ejemplo de esto se vio durante la pandemia de COVID-19, cuando la falta de control sobre los fletes internacionales generó una situación crítica para el comercio exterior argentino.

La FESIMAF también rechaza el argumento de que los costos de flete dependen exclusivamente de los costos operativos de los buques. Explica que los precios del flete responden principalmente a la dinámica de la oferta y la demanda y cita como ejemplo el aumento de aproximadamente un 1000% en los costos de flete durante la pandemia, sin que esto se viera reflejado en los costos operativos de los barcos.

Además, permitir el Cabotaje Nacional con buques extranjeros implicaría, en la práctica, la importación de servicios, lo que se traduciría en una fuga de divisas y la pérdida de empleo para los trabajadores argentinos. La Federación enfatiza que los problemas de costos de operar con bandera argentina no se resuelven cambiándola, sino abordando cuestiones logísticas, impositivas, aduaneras, de infraestructura y administrativas con políticas públicas adecuadas.

Protección internacional del Cabotaje

El texto recuerda que la protección del Cabotaje Nacional no es una práctica aislada de Argentina. En total, 131 países en el mundo implementan normas de este tipo. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Estados Unidos, donde la Ley Jones resguarda estrictamente el Cabotaje Nacional. Recientemente, incluso, se presentó en ese país el proyecto de ley bipartidista “Ships For America”, que busca fortalecer su Marina Mercante en los próximos años.

Por último, la FESIMAF reitera su defensa de tres principios esenciales e irrenunciables: la defensa irrestricta del cabotaje nacional, el mantenimiento de tripulaciones argentinas a bordo y la aplicación de convenios colectivos de trabajo para los trabajadores argentinos embarcados.

“Achicar la Marina Mercante y desregular el Cabotaje Nacional es achicar la soberanía y por lo tanto, es achicar la Nación”, concluye el documento, reafirmando su compromiso con la defensa de la industria marítima argentina y el trabajo nacional.