El senador nacional Alfredo Luenzo presentó un proyecto de declaración expresando su más profundo rechazo a las observaciones en la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 1076/17, que se hicieran a los Artículos 10° y 13° de la Ley 27.418, “Ley de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina”, ya que las mismas desvirtúan el espíritu de la ley que fuera consensuada con todos los sectores implicados tanto públicos como privados y los trabajadores del sector.
Luenzo expresó que “diversas políticas a través de los años resultaron en la destrucción masiva de puestos de trabajo, el desmantelamiento de la capacidad productiva y tecnológica en el sector naval y una virtual desaparición de la presencia de buques de bandera nacional en los mercados, tanto de cabotaje como internacionales. Causándose una profunda pérdida de soberanía y seguridad logística en nuestro país”.
“La Ley 27.418 sancionada luego de mucho trabajo, acuerdo y consenso de todas las partes en noviembre del año pasado, tiene como objeto primordial la recuperación de la Industria Naval Argentina, la incorporación de infraestructura, equipamiento y tecnología en los astilleros y talleres navales radicados en territorio nacional y la prefinanciación por parte de los mismos, de la construcción de buques y artefactos navales, y demás bienes complementarios producidos en astilleros de nuestro país generando empleo industrial calificado para el desarrollo económico y social”, manifestó Luenzo.
Para ello, continuó, “el artículo 10° otorga una asignación específica denominada “Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN)”, herramienta indispensable para el desarrollo de la industria naval, y el artículo 13° garantiza el sostenimiento de los beneficios al sector establecidos a través del decreto 379/01”.
“De mantener las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto 1076/17, la ley 27.418 sería una mera enunciación de deseos sin herramientas efectivas para el cumplimiento de sus objetivos, por lo tanto es imperativo que el Poder Ejecutivo Nacional respete el espíritu de la mencionada norma”, aseveró Luenzo.
En ese sentido, la diputada Marcela Passo expresó que “el Estado Nacional nos ha engañado ya que han vetado lo acordado. Es una ley de fomento, de incentivo, y si le quitan el corazón de la ley que es justamente el incentivo, no queda nada”.
Por su parte, el diputado Carlos Selva agregó que “tenemos una mirada de país completamente distinta a la del gobierno, que dice algo distinto de lo que hace. Es un golpe duro, pero vamos a seguir luchando. El gobierno tiene la decisión clara de avanzar y avasallar al Congreso Nacional de manera arbitraria”.
Juan Speroni, secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval, se refirió al veto expresando que “el ejercicio de la democracia tiene que ver con conductas de buena fe. Esto es justamente lo que no se respecto. Lo más llamativo es que el Poder Ejecutivo fue parte de este proceso para volver a tener una ley con un consenso básico. Tanto la Comisión de Presupuesto como todos los diputados del oficialismo aprobaron el proyecto que ahora el gobierno vetó. Nos sentimos estafados”. Y agregó que “vamos a seguir gestionando para tener la herramienta con el financiamiento necesario para el sector porque este veto impide el funcionamiento de la industria naval y deja renga a la marina mercante”.
