Por lo general, las naciones reservan la construcción de sus barcos pesqueros exclusivamente a los astilleros nacionales cuando sus propias industrias han logrado desarrollar la capacidad de construirlos en forma competitiva.

El fundamento de esta sabia política es que la pesca es una actividad extractiva de recursos naturales que pertenecen a todos los habitantes de cada país. No sólo a los pescadores, ni a las empresas pesqueras, ni mucho menos a los funcionarios de gobiernos provinciales ni nacionales. La riqueza ictícola le pertenece a todos los habitantes de cada nación.

De la misma forma que ocurre con otros insumos y bienes de producción nacional relacionados a la pesca, una política de promoción de la construcción local de los barcos pesqueros buscaría que los beneficios de la explotación de este patrimonio nacional se reparta entre una base mucho mayor de habitantes.

Eso evitaría que el beneficio se circunscriba exclusivamente a los que aportando su trabajo o capital, están más directamente involucrados en esa explotación.

Muchas veces, los pescadores, empresas armadoras y funcionarios del área de Pesca terminan creyendo que son los ¨dueños¨ de esa riqueza ictícola nacional y actúan en consecuencia. Por eso es importante enfatizar y divulgar este concepto clave para que penetre en las legislaciones y regulaciones de la actividad.

La forma del reparto de esta riqueza natural entre una base más amplia de habitantes se logra principalmente a través del empleo generado en los astilleros constructores, en los navalpartistas y en las actividades concurrentes. Pero también, a través del desarrollo tecnológico naval, los recursos fiscales generados por la actividad de la construcción naval y por el ahorro de divisas externas.

Una política de promoción y defensa de la construcción local de pesqueros evitaría o reduciría sensiblemente la importación de barcos pesqueros que pueden hacerse competitivamente en el país. Continuando el concepto anterior, la promoción de tal importación trasladaría una parte del patrimonio ictícola nacional a empresas (astilleros) extranjeras. En ese sentido, la importación de barcos de pesca que pueden construirse en el país, se asimila en algún sentido al flagelo de la pesca ilegal. La diferencia es que en este último caso, la apropiación de una riqueza ajena es más obvia, pero conceptualmente se trata de lo mismo.

Hace ya muchas décadas que Argentina tiene una industria naval capaz de atender competitivamente la mayoría de las demandas de la región. Sin embargo, desde los años setenta y especialmente desde los noventa, los sucesivos gobiernos han evitado activamente toda política de protección de estos intereses nacionales, promoviendo la masiva importación de buques pesqueros, sobretodo usados y libres de impuestos. Como parte de la misma mala política, el Estado tampoco ha cumplido su obligación de proteger a los argentinos del flagelo de la pesca ilegal.

El resultado es obsolescencia, hundimientos, desempleo, depredación, descontrol, ilegalidad, corrupción. No en vano, la política pesquera argentina es considerada uno de los peores casos de todo el mundo.

*Por Raúl E. Podetti, autor de ¨Industria Naval Argentina – 100 Años¨.