En un escenario de alivio fiscal para sectores clave del campo, la industria pesquera argentina manifestó su descontento y preocupación por haber sido relegada de la reducción de retenciones que el Gobierno de Javier Milei dispuso para cultivos como la soja, el trigo y el maíz. Las cámaras que representan al sector advierten que la medida agudiza una situación crítica, con costos crecientes y una elevada carga tributaria que pone en jaque la continuidad de las operaciones.

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron su “sorpresa y profunda preocupación”.

Ambas entidades coincidieron en que la decisión oficial deja al sector en una situación vulnerable y con perspectivas de “quebrantos inminentes”. La situación se agravó aún más tras el aumento en diciembre pasado del Derecho Único de Extracción (DUE), que incrementó los costos operativos.

Carga tributaria asfixiante

Actualmente, las retenciones que gravan la actividad pesquera varían entre el 1% y el 9%, con un promedio del 5,5%. Sin embargo, los exportadores que colocan sus productos en mercados como la Unión Europea enfrentan además aranceles de ingreso, como el 14% que se aplica a los langostinos.

En este contexto, los empresarios pesqueros recalcan que, pese a estas dificultades, el sector es un actor clave en la generación de divisas y desarrollo regional, brindando miles de empleos directos e indirectos.

Un informe de las cámaras destaca que la pesca constituye la principal economía regional en provincias como Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con más de 150 años de historia, el sector procesa anualmente 793.000 toneladas de productos y genera más de 46.000 empleos directos. Los salarios del sector figuran entre los más altos del país, lo que refuerza su importancia estratégica para las economías locales.

La exclusión de la pesca del régimen de reducción de retenciones provocó un fuerte descontento en Mar del Plata, epicentro de la actividad. “Somos la única economía regional excluida”, reclamaron los representantes del sector, que exigieron una “inmediata inclusión” en las medidas anunciadas. El pedido se basa en la necesidad de aliviar la carga fiscal en un contexto de caída de precios internacionales y crecientes costos operativos.

Un sector clave en cifras

Entre 2020 y 2023, la pesca representó el octavo complejo productivo del país, con el 80% de las exportaciones concentradas en tres especies: langostinos, calamares y merluzas. Su relevancia en la generación de divisas y su papel como motor económico regional colocan al sector en una posición estratégica que, según los empresarios, no puede ser ignorada.

Desde las cámaras advierten que, de no revertirse esta exclusión, la industria pesquera podría enfrentar una crisis sin precedentes, comprometiendo no solo el desarrollo regional, sino también miles de empleos en todo el país.

El reclamo, que ya tiene eco en diversos ámbitos políticos y productivos, pone al Gobierno frente al desafío de atender las demandas de un sector que, con justicia, busca ser parte de la ecuación tributaria que promete aliviar a las economías regionales.