Solicitó al Estado Nacional que “denuncie los hechos vinculados” a la producción en las pastera UPM-Botnia y territorio uruguayo y las violaciones que implican a los convenios.

También solicitó que se exija al país vecino “el cumplimiento de sus compromisos internacionales” en relación con la defensa y cuidado del medio ambiente.

La decisión está contenida en un proyecto de resolución aprobado anoche por unanimidad en una asamblea legislativa, que expresó su apoyo a las gestiones que desarrolla el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, ante organismos nacionales tras conocerse la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de producción de la pastera UPM (exBotnia), ubicada en Fray Bentos, junto al río Uruguay y frente a Gualeguaychú.

“Entre Ríos nuevamente se muestra unida tras esta causa nacional y provincial que es la defensa de su río compartido con la República Oriental del Uruguay, sobre todo cuando se están violando tratados, sentencias internacionales y el espíritu de amistad que nos vincula a los argentinos y los uruguayos”, aseguró Urribarri tras conocerse el respaldo que le dio la legislatura.

Dijo que la decisión de Uruguay “nos obliga a reaccionar institucionalmente. Entre Ríos ha estado a la altura de las circunstancias apoyando, con esta resolución unánime de ambas cámaras legislativas, el reclamo del gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia”, agregó.

El resolución aprobada señala “la existencia de violaciones de los convenios suscriptos por la ROU y la Argentina y promueve la activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se hará ante los organismos internacionales”.

Especifica que “los incrementos de las sustancias contaminantes han podido ser detectados por análisis realizados por laboratorios internacionales (Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá) que han precisado la detección de pesticidas organoclorados, organofosforados, carbámicos y/o piretroide”.

También se detectó “el apartamiento de la normativa vigente si se considera la temperatura de las aguas volcadas con relación a la temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre otras irregularidades”.

Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”.

Indica que, por su naturaleza, la problemática resulta ser de competencia de la Corte Internacional de La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquel organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.

Además, señala que Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969″.

Además va en contra “del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972”.