El ex intendente de Mar del Plata y actual presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, Gustavo Pulti, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, acusando a funcionarios del gobierno de Javier Milei de solicitar sobornos en el proceso de renovación de las cuotas pesqueras.
“Es obligación de los funcionarios públicos presentar la denuncia si se está en conocimiento de la posible comisión de un delito, pidiendo al fiscal su inmediata intervención”, explicó Pulti. “Pero además de esa obligación, establecida por la ley, tengo la responsabilidad de evitar que un posible hecho delictivo, como el que tomó estado público relacionado con las negociaciones de las cuotas pesqueras, afecte al puerto de Mar del Plata, a sus empresas y a sus trabajadores”.
La denuncia se basa en la acusación de la empresa española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, que asegura haber sido extorsionada por emisarios del gobierno nacional, quienes habrían pedido US$15 millones para permitir la renovación de las cuotas pesqueras.
“La cuestión de las coimas presuntamente pedidas por parte de funcionarios o emisarios del gobierno nacional tuvo una amplia difusión. Pero hasta el día de hoy ningún integrante del gobierno del presidente Javier Milei se ocupó ni dio explicación alguna”, afirmó Pulti en su presentación.
Sobornos y presión a empresarios
Según la acusación, los empresarios del sector pesquero estarían siendo presionados para pagar sobornos bajo la amenaza de perder sus permisos de pesca. “No albergo dudas en cuanto a que el sistema de sobornos montado, con la exclusiva finalidad de ‘apretar’ a los empresarios de la pesca, sometiéndolos a una opción de hierro: o aceptan ‘poner’ el dinero para renovar o ingresar en el reparto de la cuota de pesca porque pierden toda posibilidad de continuar con su actividad”, denunció Pulti.
El legislador marplatense señaló que se conformaría un “perverso mecanismo “extorsivo” que, en tanto ejecutado por funcionarios públicos, podría encuadrarse en el artículo 265 del Código Penal“.
Además, en su escrito, destacó que “la gravedad del hecho denunciado afecta de manera trascendente los intereses del sector pesquero, tanto local como nacional”. Recordó que la pesca en Mar del Plata, el principal puerto pesquero del país, genera más de 60.000 empleos directos e indirectos.
Pulti concluyó su denuncia remarcando la necesidad de que la justicia intervenga para esclarecer los hechos. “Es imprescindible que se esclarezca el hecho. La justicia tiene que actuar respondiendo a lo que está demandando la ciudadanía sobre el funcionamiento efectivo de las instituciones. Además, hechos como este afectan a quienes quieran invertir en el desarrollo del país”.
