Se realizó en el marco de una investigación sobre presuntas cargas no declaradas, según denunciaron los gremios portuarios meses atrás. El Instructor Sergio Ocampo y el Fiscal Marcelo Manso requisaron la zona operativa de las areneras en búsqueda de pruebas que acrediten la veracidad de la denuncia.

Personal de Prefectura y funcionarios judiciales de San Pedro realizaron un allanamiento en el Consorcio del Puerto local, en el marco de una causa en la que se investiga la omisión en el registro de cargas de camiones areneros.

El caso inició con las denuncias de los gremios portuarios, realizada en el mes de septiembre último, durante la gestión de Mariano Veiga como presidente del organismo.

Las sospechas de los sindicatos comenzaron cuando tras consultar sobre la cantidad de vehículos que salían del puerto les reportaron que los registros se destruían para no acumular papelería que dañaba el medio ambiente. Así empezaron a cotejar las cargas diarias y observaron que los montos que ingresaban en promedio al consorcio distaban mucho de los que se asentaban en las planillas; generándose un perjuicio por la falta de percepción de tasas areneras y un daño al erario público. Las observaciones de los trabajadores se efectuaron en agosto cuando solicitaron los resultados de la recaudación de los meses anteriores.

Tras un tiempo de indagaciones y con el fin de acreditar la veracidad de los hechos, el Fiscal Marcelo Manso ordenó un allanamiento. La primer parte del operativo fue encabezada por el propio fiscal, en compañía de su instructor Sergio Ocampo y los agentes de prefectura.

Las primeras requisas se efectuaron en las empresas areneras donde se solicitaron registros del ingreso y egreso de cargas de arena para ser cotejadas con las que luego buscaban en las oficinas del consorcio.

En declaraciones a La Opinión Semanario de San Pedro, tras secuestrar documentos en las areneras, el instructor Ocampo, dijo “pedimos los registro de la carga de camiones actuales y de 2014” y agregó que en las oficinas del Consorcio harían “diligencias para buscar el movimiento de embarcaciones y el registro de los camiones”.

En este marco, la delegación ingresó al sector donde operan las empresas y luego a las oficinas del organismo donde intentaban reunir pruebas que permitan establecer si la denuncia se corresponde con la tipificación de un delito penal. El cotejo de las cargas, la comparación de estadísticas y la recaudación de las tasas areneras serán la clave.