Margarita Stolbizer presentó un escrito ante la Procuración de Investigaciones Administrativas para que se investigue la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
“La política de persecución de los empleados públicos durante el kirchnerismo estaba motivada por un sistema de complicidades que expulsaba a quienes resistían convalidarlo. Hoy existe algo parecido: los despidos en el INTI también tienen como destinatarios a trabajadores, -algunos técnicos y profesionales con mucha antigüedad- que formulan observaciones y ponen límites a la contratación de obras privadas en las que se observan irregularidades, favoritismos y sobreprecios. Esas conductas podrían constituir delitos que deben ser investigados, y por eso nos presentamos ante la Fiscalía con competencia en delitos complejos, para que determinen ellos el encuadramiento que corresponda”, aseguró la ex diputada.
Stolbizer presentó una denuncia solicitando se investiguen una serie de irregularidades detectadas en el INTI a partir de la nueva gestión que encabeza Javier Ibañez. Se advierte sobre empresas que son beneficiadas por el mecanismo de la contratación directa, -o sea sin pasar por la licitación pública- usando la justificación de la urgencia. Sin embargo, ha transcurrido más de un año desde que debía estar terminada y no se ha cumplido ese plazo establecido, pese a que se le han aprobado ampliaciones y se le ha seguido pagando sin que pese ningún tipo de sanción sobre la empresa.
Ello se da también a partir del ingreso de nuevos funcionarios y familiares con los que se ha “corrido” al personal técnico de las decisiones operativas sobre adjudicaciones, controles, etc. en relación a las empresas proveedoras.
Asimismo, con motivo de los festejos del aniversario, se realizaron una serie de contrataciones por obras de arte, absolutamente injustificadas y sobrevaluadas, y se pagaron sumas importantes para la realización de videos institucionales pese a contar con equipos del propio Instituto en condiciones de realizarlos.
Según Margarita Stolbizer, hubo una serie de decisiones y medidas adoptadas por los funcionarios del INTI, que podrían configurar algunas de las conductas tipificadas y reprimidas en el título de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal. En la mayoría de las contrataciones mencionadas es posible advertir pago de adicionales a las empresas sin suficiente justificación, sobreprecios en los costos, puesta en funcionamiento de oficinas paralelas para favorecer a las empresas contratantes, diferencias en las mediciones realizadas en las obras por los inspectores y los certificados abonados a las empresas.
“Estas decisiones implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho, investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración”, finalizó Stolbizer.
