La cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas es una de las que merece más cuidado y criterio político en la Argentina. Por eso, llamó la atención que la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, declarara en Londres la semana pasada al diario británico The Guardian que el Gobierno “desea considerar el retorno de los vuelos desde y hacia las islas y un joint-venture argentino-británico de exploración de petróleo” en las aguas circundantes.

A esa afirmación la siguió esta semana la firma de una declaración bilateral que avanza en esa dirección.

En el documento firmado por el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, y la propia Malcorra se acuerda que se restablecerán conexiones aéreas adicionales entre el archipiélago y terceros países, con dos escalas mensuales en territorio argentino (actualmente hay una sola a Río Gallegos), y que se adoptarán las “medidas apropiadas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

No se percibe ningún beneficio ni avance para la causa nacional, con la excepción importante de un nuevo compromiso británico de permitir la tarea humanitaria de la Cruz Roja en la identificación de unos veinte cadáveres de soldados argentinos. Por el contrario, todo lo que facilite a los kelpers el manejo de una economía próspera va en contra de la aspiración argentina de recuperar alguna vez la soberanía y atenta contra el derecho de nuestro país de explotar en su beneficio los recursos petroleros y pesqueros de los que se ve despojado.

Hay que recordar que en las islas viven 2.900 personas, de las cuales menos de 1.600 son isleños y el resto es de variada procedencia. Hay también unos 1.500 soldados, ya que el Reino Unido mantiene allí una base militar formidable a la que destina un presupuesto de casi 100 millones de dólares anuales. No surge de lo acordado ningún compromiso de la potencia colonial de reducir la desmilitarización de la zona.

Las afirmaciones de Malcorra y la declaración conjunta parecen una marcha atrás en el tiempo y recuerdan la fallida estrategia “de seducción” del excanciller Guido Di Tella, que terminó abriendo la puerta a la exploración petrolera en el mar que rodea las islas y que confinó a YPF a un área externa al círculo más interesante. Esto, a despecho de que el presidente de la petrolera en esa época, José Estenssoro, había desarrollado una diplomacia paralela con los británicos.

Como entonces, el petróleo, la pesca y el turismo no pueden quedar fuera de la discusión por la soberanía; es más, son temas que están directamente vinculados con ella.

La canciller además corre el riesgo de violar la Ley 26.659 dictada en 2011, que prevé castigos de hasta 15 años de prisión y multas por 1,5 millón de barriles de petróleo a las compañías que realicen actividades exploratorias en la plataforma sin el permiso del Gobierno nacional.

La ley también prohíbe a las empresas que trabajan en la Argentina tener participación en las firmas que operen en la plataforma sin habilitación oficial.

Durante los últimos años, esas prohibiciones y las dificultades logísticas para buscar petróleo en el mar sin apoyo en la costa argentina ni en la de los países vecinos detuvieron el atropello de los recursos petroleros por parte de empresas que son, básicamente, aventureras que pretenden desconocer lo establecido por Naciones Unidas sobre la explotación de recursos naturales en zonas de litigio. Lo curioso es que la canciller argentina, que aspira a la Secretaría General de la ONU, también desestime esa recomendación.

Fuente: Ámbito Financiero