El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación de electrodomésticos. Una decisión que afecta a toda esta industria en el país y especialmente, deja sin sentido las exenciones impositivas y aduaneras establecidas por la Ley 19.640 que promueve la industria electrónica instalada en Tierra del Fuego. Una determinación que atenta contra la soberanía
nacional, que podría llevar a despoblar nuestro territorio austral y que, por el contrario, debería desarrollarse en la Isla Grande un modelo sobresaliente a mostrar a los habitantes británicos de Malvinas.
La medida del gobierno no se toma en forma aislada, sino que paralelamente se promueve el emplazamiento junto a Estados Unidos de una Base Naval en Ushuaia; se lleva una política de desinterés respecto a las acciones británicas en Malvinas y la región y el Reino Unido promueve una creciente relación con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay y lleva una
política blanda –tolerada por el gobierno- con la que pretende influir culturalmente en los argentinos.
Para no entrar en discusiones ideológicas recurrimos a la visión general de la IA: “la soberanía política es el poder supremo que un Estado ejerce sobre su propio territorio y población, sin la interferencia de otros estados o entidades externas, implica independencia, autonomía para tomar las decisiones políticas y la capacidad de ejercer autoridad máxima”. Lo importante es que el Estado planifique y ejecute las medidas necesarias para ejercer soberanía.
La Ley sancionada el 2 de junio de 1972, tenía en cuenta -entre otras razones- “la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas relativas al aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad” y por tal razón en el artículo 1º de esa ley “eximía del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o por bienes existentes en dicho Territorio”.
La situación actual en relación a la existente a 1972 se ha agravado. No tanto en su aislamiento donde no se ha innovado, sino en la tensión existente entre las grandes potencias en el Atlántico Sur; la invasión creciente en la parte meridional de este océano por parte del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB); ya que mientras en 1972 los británicos ocupaban unos 20.000 km2 de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y tres millas alrededor de estas islas y desde 1982 y en especial desde los Acuerdos de Madrid (1989-1990) avanzaron invadiendo y disputándole a la Argentina 5.497.178 Km2; de los cuales nos invaden 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular y nos disputan 1.430.367 Km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 del continente antártico.
Mientras ello ocurre, el RUGB profundiza sus relaciones con Chile respecto a la Antártida y con Uruguay, cuyo puerto de Montevideo presta apoyo logístico a las capturas ilegales en el Atlántico Sur. A ello, hay que agregarle que en las aguas de Malvinas los británicos extraen ilegalmente recursos pesqueros argentinos en el orden de las 250.000 toneladas anuales -según reportes de los propios isleños- y en materia de exploraciones petroleras las empresas Rockhopper y Navitas estiman extraer 728 millones de barriles de petróleo. Todo esto militarizado -aeronaval y misilísticamente- por las fuerzas de la corona británica. En este
escenario ¿se puede debilitar la economía de Tierra del Fuego?
No obstante, nos preguntarnos: ¿qué han hecho los gobiernos nacionales y provinciales para
monitorear y dar sustento estratégico, económico y de defensa; a la par de terminar con el aislamiento y promover nuevos proyectos productivos e industriales, que no estén necesariamente atados a los beneficios impositivos y aduaneros? Y a la par, asegurar, que las inversiones estén orientadas en el mediano plazo a proveer una economía sustentable no subsidiada. Lo hecho, ha sido insuficiente y aquellas actividades que promueven empleo, deben también producir un desarrollo regional compatible con los intereses estratégicos de fortalecer Tierra del Fuego. Las Autoridades debieron cumplir con lo que precisaba la Ley: “La posibilidad de establecer una promoción económica por medio e las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, forzosamente condicionada por la existencia de una actividad económica estable y de la posibilidad de hecho de ejercer los
controles correspondientes”.
Aun así, la soberanía política no puede subordinarse al ajuste económico. Si para lograr un déficit cero el Gobierno nacional debe desatender los aspectos soberanos de la Nación, estaría violando la Constitución Nacional en materia de defensa y seguridad nacional y en especial su Disposición Transitoria Primera que reza: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Seguramente, a la par de Tierra del Fuego, el Estado Argentino debería llevar adelante una política que armonice más las economías entre las provincias, teniendo en cuenta aquellas que, por razones vinculadas a su condición de fronterizas, la disponibilidad de los recursos, sus características climáticas y/o las distancias de los grandes centros urbanos, etc. se encuentren más desfavorecidas o expuestas.
Nadie debería asombrarse. Ya se sabía desde la sanción del régimen de excepción que se partía de una discriminación de trato con el resto de las provincias y que todas hacían un importante esfuerzo por acompañar el imprescindible desarrollo de Tierra del Fuego; pero, el que sus gobernantes nacionales y provinciales no hayan cumplido con las expectativas puestas en la iniciativa, no implica que hayan desaparecido las razones que dieron lugar al dictado de la ley. Por el contrario, como hemos visto se han agravado, por lo que no puede ser desactivada por vía indirecta. En todo caso, debieran ser sancionados quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes -públicos y privados- no entendieron la motivación de fomentar a Tierra del Fuego por razones estratégicas, económicas y sociales.
A la Unión Europea ni a los Estados Unidos se los cuestiona por subsidiar -entre otras- a su producción agropecuaria. Ni que la Unión Europea subvencionara el desarrollo de España, Italia o Portugal al momento de ingresar a la Comunidad Europea y que, al hacerlo, ésta acordara el plan de desarrollo y fiscalizara las inversiones. La fortaleza y la integración de Europa estaba atada a la necesidad de equilibrar las economías y sus capacidades.
Todos los países que pescan a distancia –pese a las buenas intenciones de la OMC- son subsidiados. No se construye soberanía con un “Mapa Bicontinental” y no habrá soberanía en la Nación Argentina, sino se construye soberanía en Tierra del Fuego, una provincia bisagra de nuestras reivindicaciones sobre los archipiélagos, los mares meridionales del Atlántico Suroccidental, nuestros vínculos con el Océano Pacífico y el acceso a la Antártida Argentina.
Como dijimos, se podría cuestionar cómo han utilizado las ventajas impositivas los gobiernos de Tierra del Fuego para el cumplimiento de esos objetivos y a su vez cómo reconvertir su economía; pero el Gobierno nacional tampoco ha aportado plan alguno al respecto y por el contrario, lo agravado con sus erráticas políticas respecto a revertir la situación de ocupación británica de los territorios nacionales. La Provincia, por ejemplo, no ha efectuado una política pesquera adecuada. No ha industrializado ni agregado valor a esta actividad y no ha iniciado las acciones legales contra las embarcaciones ilegales que pescan en su territorio de Malvinas y Georgias del Sur.
A nuestro juicio, el gobierno nacional debe llevar adelante la reconstrucción y modernización de los puertos de Río Grande y Ushuaia para integrar la Isla Grande de Tierra Grande al continente, facilitando el comercio nacional e internacional; la explotación pesquera; el transporte; la actividad turística y científica con relación a la Antártida. Además de ello, construir una base naval autónoma sin injerencia de terceros países y dotar a Tierra del Fuego de la tecnología más moderna en materia de defensa y científica. Direccionando, además, los vuelos de Malvinas a Ushuaia, capital de la Provincia, como principio de administración del territorio usurpado.
Deberían renegociarse las condiciones de mantenimiento del régimen de excepción estableciendo por parte del gobierno de Tierra del Fuego un plan de aplicación de las utilidades al objetivo estratégico explicitado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y un plan de mediano plazo de reconversión de desarrollo productivo e industrial de la Provincia. Por cierto, también llevar adelante un Plan respecto a la Antártida que debilite la relación RUGB-Chile y acordar con éste una política de cooperación en el territorio antártico y en materia científica y turística.
Nada es confusión. Nada es obra de la casualidad o de la ineptitud. Es un plan que bajo pretexto de arcaicas prácticas de libre mercado desmalviniza y desculturaliza la Argentina y despuebla los territorios vinculados con los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y la Antártida. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanza, avanza.
