El Gobierno argentino resolvió la creación del Comando Conjunto Marítimo (CCM), dependiente del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tendrá la misión de conducir operaciones de vigilancia y control en espacios marítimos y fluviales en forma permanente.

De esta manera la secretaría de Asuntos Militares, suma esfuerzos en la desigual lucha del Estado nacional contra las enormes flotas de pesca que asolan nuestro mar austral.

Los recursos humanos y materiales, medios navales, aeronavales y aeroespaciales para cumplir tal misión serán aportados por el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, por disposición del Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas.

El CCM deberá generar planes tácticos para la vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales, diseñar y desarrollar un sistema centralizado de procesamiento de información.

Asimismo, podrá elaborar una doctrina militar conjunta de vigilancia y control de esos espacios, junto con las reglas de comportamiento para sus operaciones.

Mientras se conforma el CCM, máximo el 31 de diciembre, las funciones de vigilancia y control serán asumidos por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. El Comandante será un oficial superior de la Armada, propuesto por el Jefe de esa Fuerza al Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FAA, para ser designado por el ministro de Defensa.

El objetivo principal de la creación de la CCM es abordar la grave problemática que se reitera cada año con un promedio de 400 barcos que de forma no reglamentada pescan en la milla 201, que se convierte en pesca ilegal si ingresan en la ZEE. En ese sector sólo la flota argentina puede explotar comercialmente los recursos vivos marinos, según establece el artículo 35 del Régimen Federal de Pesca.

Los pesqueros, principalmente chinos, coreanos, taiwaneses, portugueses y españoles, descargan lo que pescan en buques frigoríficos que transportan a los puertos. Mientras que los petroleros los reabastecen de combustible.

La flota generalmente se posiciona en el área adyacente a la ZEE argentina en tres puntos focales: península Valdés, golfo San Jorge y Norte de Malvinas.

Se estima que el perjuicio anual que la pesca ilegal causa a nuestro país asciende a 2.000 millones de dólares, principalmente en las aguas circundantes a las islas Malvinas, donde los buques operan con habilitaciones ilegales otorgadas por las ilegítimas autoridades.