Vecinos de la localidad de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, se reunirán para solicitar la estatización de una terminal exportadora clave del Puerto de Quequén. Este pedido está siendo realizado por la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén, quienes enviarán un documento al gobierno de Axel Kicillof.
El referente de la Asamblea, Miguel Bayón, aclaró que este pedido específico no es por la estatización de todo el puerto, sino por una de las tres terminales exportadoras que existen allí. Esta terminal en particular es responsable del 40% del cereal que se exporta desde el puerto. Anteriormente, estas instalaciones pertenecían a la Junta Nacional de Granos.
Las tres terminales del Puerto de Quequén fueron concesionadas en 1992 durante 30 años. Ese plazo caducó en noviembre pasado. A partir de entonces, se acordó una prórroga por un año más. La Asamblea está solicitando que el estado vuelva a ejercer la operatoria de la terminal y cree una exportadora ya que consideran que Argentina no exporta granos.
Según Bayón, esto generaría innumerables beneficios económicos, incluyendo una empresa testigo y un mayor control en la administración. “Las multinacionales actúan por declaración jurada y los controles son deficientes. Un tercio de las exportaciones no se declaran. Eso significa que el estado no recauda divisas en concepto de derechos de exportación, retenciones y ganancias”, dijo.
La Asamblea del Puerto de Quequén pide estatización
La Asamblea está pidiendo al estado que se presente a una licitación, ya que aseguran que no es necesario cambiar ninguna ley, simplemente se trata de una decisión política. Las instalaciones fueron construidas con fondos públicos, por lo que consideran que es viable llevar a cabo la estatización.
El economista local Maximiliano Cantoni señaló que después de 30 años, esta terminal tiene participaciones accionarias de las multinacionales cerealeras Bunge & Born, Cofco, Cargill, entre otras, pero sin desarrollo territorial y con incumplimiento del canon que deben pagar y con una fiscalización deficiente del estado.
También mencionó que después de noviembre de 2022, fecha en que operó el vencimiento de la concesión, “hubo un silencio absoluto por parte del consorcio administrador, lo que generó la conformación de la Asamblea”, explicó. Además contó que el gobernador se reunió con ellos y les indicó que había que “cambiar la Ley de Puertos, ya que permite la administración privada y el estado no ejerce una supremacía adecuada”.
Por último afirmó que están dadas las condiciones “para llevar a cabo una nueva licitación que permita encontrar otros prestadores en condiciones reparadoras a las actuales”.
