Especialistas coincidieron en que el proyecto permite a la Argentina avanzar en la resolución de los compromisos adquiridos décadas pasadas, y da “opciones a los bonistas que ingresaron al canje” para recibir el dinero depositado y que trabó Griesa.

La media sanción de la Ley de Pago Soberano de la Deuda permite a la Argentina avanzar en la resolución de los compromisos adquiridos décadas pasadas, y da “opciones a los bonistas que ingresaron al canje” para  recibir el dinero depositado y que trabó el juez neoyorquino Thomas Griesa, diferentes economistas coincidieron sobre el proyecto que será tratado el miércoles próximo por la Cámara de Diputados.

Tras la sanción de la Cámara de Senadores aprobada ayer, el proyecto de ley de Pago Soberano de la deuda será tratado en comisión el próximo martes, y se espera que el miércoles obtenga sanción definitiva en la Cámara baja.

Especialistas y catedráticos destacaron que las modificaciones introducidas al proyecto hasta el momento,  la incorporación de Francia como lugar optativo de pago y la creación en forma paralela de una comisión bicameral para estudiar la legitimidad de la deuda, “son también pasos positivos”.

Fernando Mattos, Agustín D’Attellis y Martín Burgos cuestionaron además el rol de la oposición, que “lejos de mostrar ideas nuevas”, mostraron “su falta de interés en la defensa de la soberanía nacional”.

Mattos dijo que “la media sanción se esperaba”  y que los legisladores que votaron en contra “se sumaron a un debate sin ideas ni propuestas”.

Agregó que “es muy válida la creación de una bicameral para estudiar la legitimidad de la deuda, sobre todo desde el 76 hasta el 2001”.

“Ahora tendremos que ver cómo se vota en Diputados pero creo que vamos por buen camino, y las pocas oposiciones que se escucharon no tuvieron que ver con que el Gobierno estuviera haciendo mal las cosas, sino con la máquina de impedir permanente que no aportó nada inteligente al debate”, aseveró Mattos.

Por su parte, Burgos opinó que “los buitres judicializan todo porque hay vacíos jurídicos que se lo permiten, y por eso mismo es sumamente positivo avanzar por el camino de la ley”.

El profesor interpretó que “pese a los cambios en la iniciativa, todo se fue acomodando, como por ejemplo, la posibilidad de abrir una ventanilla de pago en Francia, con lo cual muchos acreedores europeos estarán conformes”.

Burgos evaluó que “el fallo de Griesa tiene tantas inconsistencias y extralimitaciones que es posible encontrar grietas y avanzar a través de la legalidad” y, en referencia a la oposición, dijo que le pareció “interesante que se hayan tenido que definir públicamente”, ya que “hasta el momento habían mandado a hablar a sus economistas, pero no decían públicamente cuál era su postura. El hecho de que el gobierno haya mandado una ley al Congreso los hizo tener que definirse, y la gente sabe ahora qué intereses defiende cada uno”.

“El rol de la oposición es sólo una jugada política, cuando por otra parte hay un gobierno que está intentando solucionar los problemas del país”, consideró Burgos.

Asimismo, analizó que el “vacío legal internacional es muy grande”, por lo cual se pronunció a “a favor de una ley internacional de quiebras o de reestructuración de deudas, que impida que los fondos buitre sigan utilizando este camino en desmedro de las naciones”.

En tanto, para D’Attellis la media sanción es “una buena noticia” y “el avance de la ley podría evitar que Griesa vuelva a intervenir contra los intereses del país el próximo 30 de septiembre, cuando tengamos que pagar los intereses del bono Par”.

“La ley busca ordenar esta cuestión sin ceder frente a las presiones”, sumó, y cuestionó “la actitud de los legisladores que votaron en contra a quienes no les interesa el país; y además dan cuenta de un profundo desconocimiento técnico”.

“La Argentina quiere poner un cierre definitivo a esta cuestión y cuando en enero venza la cláusula Rufo se abrirá seguramente una nueva instancia de negociación, que involucrará ya al 7 por ciento que aún no se adhirió al canje” de la deuda, consideró el economista.

Para D’Attellis, “lo demás son parches de efecto político que no tienen ningún sustento técnico y que demuestran que muy poco les interesa a esos legisladores el futuro de la Argentina”.