En 2014 más de 30 países firmaron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques que tenía como objetivo acabar con la deforestación para 2030. Sin embargo, desde entonces los bosques de nuestro planeta no dejan de desaparecer.

Esto indica que a nivel global se está incumpliendo la protección y restauración de bosques para el año 2030, y ello tendrá impactos catastróficos para el planeta y las personas. Los bosques absorben 1/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, albergan el 80% de la biodiversidad terrestre de la Tierra, y proporcionan medios de vida a más 1.600 millones de personas.

Por eso, WWF (Organización Mundial de la Conservación), representada en nuestro país por Fundación Vida Silvestre Argentina, ha difundido un informe para alertar sobre la situación de los bosques a nivel mundial y por qué es importante actuar inmediatamente por su protección y restauración.

“Los bosques tienen, además de un valor ecológico, un importante valor económico, social y cultural. Es imposible hacer frente a la crisis climática, desarrollar economías sustentables y revertir la pérdida de naturaleza, sin los bosques. No es necesario generar nuevos objetivos para frenar la deforestación, se debe cumplir con las ambiciones y objetivos ya planteados, ya que lamentablemente la pérdida y degradación de los bosques persisten a pesar de todos los compromisos, y declaraciones locales y globales” detalló Lucía Lazzari, coordinadora de paisajes terrestres de la Fundación Vida Silvestre.

Bosques nativos 

En Argentina contamos con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. 

Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación por su alto valor de conservación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. 

A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley y hay ausencia de un registro nacional de infractores imposibilitando la disuasión y la sanción de los responsables. En Argentina, alrededor del 76% de la deforestación es ilegal, ya que ocurre en zonas prohibidas por la ley (amarillas, rojas y sin categorizar en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos).

Según los monitoreos de la superficie de bosque nativo, realizados por la Nación, entre 1998 y 2022, se deforestaron 6.4 millones de hectáreas de bosque nativo principalmente por causa del avance de la frontera agropecuaria – la misma cifra que se perdió a nivel global durante 2022. Adicionalmente, el informe sobre causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos señala que 87% del bosque nativo perdido correspondió a la región Chaqueña y el 43% ocurrió durante la vigencia de la actual Ley de Bosques.

Tendencia global

Lamentablemente es una tendencia global, ya que, en el mundo, se destinan al menos 100 veces más fondos públicos a subvenciones perjudiciales para el medio ambiente que al financiamiento de los bosques. 

Estos datos se desprenden del informe realizado por WWF que, además, detalla que la deforestación en Latinoamérica es alarmante y por ende una de las zonas que podrían estar más afectadas,; a diferencia de Asia donde la deforestación disminuyó. 

El informe de WWF “Senderos forestales” brinda un plan para alcanzar los objetivos globales de restauración y protección de los bosques al 2030.

Plantea movilizar flujos financieros masivos, tanto públicos como privados, y redirigir los dañinos hacia el apoyo a economías verdes y comercios forestales sostenibles; reformar las normas del comercio mundial que perjudican a los bosques, eliminando de las cadenas mundiales de suministro las materias primas que deforestan y quitar barreras a aquellos productos con certificaciones positivas con los bosques.

También acelerar el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios y avanzar con el cambio hacia economías basadas en la naturaleza.