La reunión entre representantes de ambas partes concluyó tras analizarse el fallo de la Justicia de Nueva York que avala el pedido formulado por un holdout para exigir información de activos de un Estado extranjero.
La reunión, que comenzó a las 11 hora argentina, fue a sala llena y el representante de la Argentina Jonathan Blackman, letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb y el representante de los fondos buitre Theodore Olson, expusieron ante los nueve jueces de la corte suprema estadounidense, en el primer encuentro del caso.
Estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea, que llegaron a la ciudad de Washington desde Buenos Aires para encabezar la comitiva argentina.
El caso sobre el “discovery mundial” conforma una parte del litigio que Argentina mantiene con el 7% de los tenedores de bonos que optaron por no ingresar a los dos canjes de dueda de 2005 y 2010.
Esta es una causa paralela a la principal disputa que el país mantiene con los holdouts, que se centra en la interpretación dada por las cortes de Nueva York a la cláusula pari passu.
Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
La Justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de 1.300 millones de dólares a los holdouts y este escenario podría dejar al país frente a un default técnico ante la potencial incapacidad de hacer frente al pago comprometido con los bonistas.
El consejero legal de Argentina en este caso contra los fondos buitre, el ex procurador general de los Estados Unidos Paul Clement, advirtió que si la interpretación de los tribunales inferiores sobre el pari passu “se mentiene, cambiará radicalmente el balance de poder en favor de los holdouts a tal grado que pondrá en peligro las reestructuraciones de deuda soberana voluntarias”.
En la causa que motiva la audiencia, el Departamento de Justicia de EEUU, a través del fiscal General, Donald Varrilli, presentó ya dos “amicus curiae” (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina, en las que hacen foco en que las decisiones del juez Thomas Griesa violan la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos.
En diciembre de 2013, Varrilli indicó que el fallo de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre es “erróneo” y previno que la resolución “plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos”.
En marzo de este año, el fiscal General reafirmó en un segundo texto el “interés sustancial” de Estados Unidos “en la correcta interpretación y aplicación” de la Ley de Inmunidad (FSIA, según sus siglas en inglés).
Argentina recibió asimismo el apoyo regional por parte de Brasil y México, quienes mostraron preocupación ante la posibilidad de que una decisión negativa al interés de Argentina de parte de la Corte Suprema convierta a las reestructuraciones de deuda soberana en más complicadas y costosas.
En la asamblea de primavera (boreal) del FMI y del Banco Mundial llevada adelante hace una semana en Washington, el G-24 (grupo integrado por países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe y Asia), alertó también que “cualquier resolución que incentive un comportamiento predatorio de los holdouts podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda”.
Este llamado por parte de la comunidad internacional sobre los efectos que podría tener el caso de mantenerse los fallos de la justicia de Manhattan, fue hecho también por Francia, el G-77 más China e instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones mundiales y economistas reconocidos como Jospeh Stiglitz y Nouriel Roubini.
