La justicia federal dictó el procesamiento de Gonzalo Mórtola, quien se desempeñó como interventor de la Administración General de Puertos (AGP), durante la presidencia de Mauricio Macri.  

La acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, fue impartida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero podría ampliarse a fraude al Estado, con penas de hasta seis años de prisión efectiva.

El ex funcionario no pudo justificar los motivos del gasto de un millón de dólares en la contratación de una consultora para hacer un trabajo que podía hacer la propia AGP. Además, debería haber contratado el servicio a través de una licitación pública.

El magistrado consideró que sobre Mórtola pesan pruebas suficientes que confirman el pago de más de 940 mil dólares más impuestos a la empresa INDRA, que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del Puerto.

Además, determinó que el ex funcionario “simuló circunstancias en el expediente, que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, … es decir, que disfrazó de legal algo que sabía que no lo era. Por si no quedara claro, agrega: “todo demuestra que el accionar delictivo que aquí se le endilga, fue llevado a cabo por el nombrado con la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de la conducta”.