El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, advirtió sobre la necesidad de transferir el capital financiero al productivo. “Los pasivos financieros de las Pymes ascienden a los $ 490 mil millones en créditos, con tasas que promedian entre el 50 y 60% anual”, dijo.

En ese sentido, el dirigente analizó que más de $ 150 mil millones serán pagados en concepto de intereses (sin contar el CFT), que serán utilizados en el canal especulativo. “En momentos difíciles necesitamos medidas audaces”, expresó Díaz Beltrán y reiteró el pedido de tasas diferenciales para las Pymes y la baja de impuestos.

Unos 200 dirigentes de federaciones y cámaras empresarias de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe se reunieron en Corrientes para abordar las problemáticas que aquejan a las Pymes como la fuerte presión fiscal, tasas y acceso al crédito, competitividad, rentabilidad, tarifas y venta ilegal. Además, analizaron la situación que atraviesan los sectores de Comercio y Servicios, Industria, Economías Regionales y Turismo, como base para gestionar propuestas ante diferentes organismos y como mapa de actualidad regional con miras a la futura Ley Pyme.

“Dependemos del financiamiento y resulta que las pymes estamos financiando al Estado, como por ejemplo con el anticipo del Impuesto a las Ganancias”, manifestó el presidente de CAME y agregó: “La presión fiscal es insostenible, sobre todo la de Ingresos Brutos, que es un impuesto sumamente distorsivo”.

Por su parte, el titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Enrique Collantes, indicó: “En la región del NEA sufrimos mucho el éxodo de compras a Paraguay. Hoy el tipo de cambio permitió frenar esa salida pero no puede ser la única herramienta para asegurarnos la competitividad de los comerciantes locales”, dijo y remarcó la importancia de retomar las promociones de CAME-ATACYC para ofrecer 12 cuotas todos los días en ciudades de frontera, que se implementó hasta el mes de enero pasado.

En cuanto a la corrupción empresaria, Díaz Beltrán fue contundente: “Es el peor impuesto que pagan las Pymes, porque ahí sufrimos la carga de un Estado que gasta en sobreprecios o superpoblación de empleados públicos”.