Luego de que la Legislatura aprobara la Ley Impositiva este miércoles, la ministra de Gobierno Teresa García destacó la necesidad de discutir con “imperiosidad” una Ley de Puertos en la Provincia, producto de la controversia que se generó las modificaciones de “Juntos por el Cambio”.

La funcionaria fue lapidaria con los legisladores opositores por defender al sector, que en el caso de los puertos se trata de exportadoras de granos, oleaginosas y productos derivados del petróleo. “Cambiemos dejó claro a quién quiere beneficiar”, enfatizó.

El reproche de García surgió porque la oposición hizo valer la mayoría en el Senado y obligó al oficialismo a modificar el espíritu del artículo 100, que gravaba las actividades portuarias con alícuotas consideradas “excesivas” por los legisladores de “Juntos por el Cambio”.

Específicamente, las variaciones en la tasa extraordinaria fueron tres: por tonelada cargada, la alícuota fija se redujo de $93 a $46,50; por tonelada descargada de $273 a $139; y por cada mil kilos de mercadería removida durante el mes de $46 a $23.

Justamente, en uno de los considerandos, el Gobierno de Kicillof argumentaba que en los últimos cuatro años los sectores exportadores se beneficiaron sideralmente. “Es porque los volúmenes despachados en 2019 en los puertos de Bahía Blanca y Quequén subieron en porcentajes que oscilaron el 56% y el 500% respecto a 2018”, aseguraron.

En rigor, la Provincia no cuenta con una norma específica y por eso es que García lanzó el primer atisbo para que la Legislatura redacte una ley acorde a los tiempos que corren. En 2017, el ex diputado Guillermo Castello presentó una iniciativa, pero las buenas intenciones se esfumaron rápidamente.

Lo cierto es que la provincia, tal como dijo la funcionaria, necesita unificar criterios en los nueve puertos provinciales para aggiornarse después de recibir en 1994 las transferencias de las terminales por parte de la Nación.

Cabe que recordar que, en la semana previa al debate, las empresas asociadas a la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), expresaron fuertes críticas al proyecto presentado por el gobernador Axel Kicillof.