Mediante un comunicado, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), le pidió al Gobierno que habilite un aumento de precios en línea con la inflación para evitar un desabastecimiento y apuntó contra la industria alimenticia por subas especulativas.

La extensión hasta el 20 de mayo de la fijación de precios máximos para alimentos y productos de higiene personal a los valores vigentes al 6 de marzo por parte de la Secretaría de Comercio Interior comienza a tener repercusiones en toda la cadena de comercialización.

La CADAM le reclamó al Gobierno que habilite “un aumento razonable de los precios para evitar la clausura de los comercios” o de lo contrario comenzará a haber faltantes en las góndolas de los comercios.

Los mayoristas cuestionaron las clausuras y controles sobre los comercios al tiempo que alertaron que ante los aumentos de precios que impone la industria, tanto el sector que representan como los comercios de cercanía o minoristas. deberán dejar de vender para no sufrir cierres.

“Existe hoy un alto riesgo con los almacenes y autoservicios que tienen un control de precios máximos sobre los cuales se realizan cierres, clausuras o decomisos de mercaderías por parte de AFIP, Secretaría de Comercio o los Municipios”, destacaron.

Afirmaron que siendo responsables del abastecimiento de los comercios minoristas les corresponde considerar las variables que los impactan. “Es necesario tener como punto de partida que estos comercios son el abastecimiento natural de las compras de proximidad. Estos negocios tienen un control de precios máximos iguales a los de las grandes cadenas, algo incongruente porque nunca vendieron al mismo precio”, destacó el comunicado.

Aseguran que los proveedores les quitan descuentos y presentan nuevas listas de precios, lo que implica “la imposibilidad de comprar determinados productos por no poder modificar precios del 6 de marzo”, lo que termina generando faltantes en los locales mayoristas y por ende en los negocios minoristas.

Asimismo, expresaron que enfrentan serios inconvenientes de distribución en ciudades del interior, donde los camioneros no tienen permiso de ingreso.

“Estamos cautivos en el presente contexto, porque o compramos y cambiamos precios y somos clausurados, o no compramos y comienzan los faltantes. O denunciamos en forma puntual a cada proveedor sin el correspondiente análisis de su real necesidad”, aseguró CADAM.

El presidente de la entidad, Alberto Guida, agregó que los proveedores están planteando un aumento de 10 a 15 puntos. “Nosotros no lo podemos absorber porque si lo trasladamos a precios nos clausuran a todos. El compromiso es vender a precios del 6 de marzo. Pero si no compramos porque nos aumenta la industria, no tenemos producto. Entonces desabastecemos o nos clausuran por subir los precios”.

Para el dirigente, los aumentos están cuestionados. Sin embargo, consideró que los precios del 6 de marzo son en realidad los de febrero y que “una suba del 10% es el traslado natural de la inflación. De todos los que quieren aumentar, es posible que haya alguno que quiera hacerlo especulativamente, pero hay que discernir entre los aumentos que se justifican y los que no. Ese trabajo le corresponde a la Secretaría de Comercio. A la industria no la controla nadie, mientras que a los minoristas y a los mayoristas les realizan controles permanentes”.

En tanto la Cámara de Supermercados, que agrupa a Pymes del rubro de capital nacional, junto con la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, emitieron un comunicado en el mismo sentido, cuestionando el aumento de los precios por parte de los proveedores.

“Es comprensible que nuestros asociados no podrán cumplir con esta exigencia (precios máximos) si los productores, fabricantes y distribuidores de los productos de venta al público no los respetan. Por lo tanto, dado que se verifica una gran cantidad de violaciones a lo establecido hemos resuelto tomar una decisión conjunta: no aceptar listas de precios que no respeten lo establecido en la Resolución de referencia, ya sea a través de cambios directos en los precios de venta o por modificaciones que alteren nuestros costos reales, como es el caso de la eliminación de descuentos y bonificaciones”, destacaron.

Asimismo, les advirtieron a los proveedores que, en caso de no proceder conforme a los precios máximos, se verán obligados “a notificar dicha conducta ante el órgano de control correspondiente”.