Las nuevas medidas económicas anunciadas por el ministerio de Economía parten de un problema inicial: pretenden “reducir el impacto negativo” de la devaluación de 25% aplicada tras las PASO. Devaluación decidida ante la distorsión generada por el propio gobierno entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio legales alternativos y a pesar de ser un gobierno sin credibilidad, con un Banco Central con reservas negativas. Resultado: traslado de devaluación a precios, con aumento de la distorsión de precios relativos.
En este marco, para el campo se anunciaron medidas, que son parches, no soluciones de fondo para promover la producción y la inversión.
“Retenciones de 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras”. Valor agregado “industrial” es un concepto antiguo, que no considera el cambio tecnológico que ya tiene la producción. No queda claro que pasa con el resto de las economías regionales. Y la eliminación de los DEX ya fue anunciada varias veces.
“Un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro”. Una medida excluyente entre productores y burocrática. Sólo con YPF Agro. La siembra de trigo ya terminó. El control y virtual cierre de importaciones de algunos fertilizantes por falta de dólares del Banco Central ha afectado la siembra de trigo.
“Continuar con el programa Puente al Empleo para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural”. Otra medida burocrática que no cambia el problema de la falta de oferta de trabajo en las economías regionales.
“Programa de Incremento Exportador con el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado”. Es una transferencia a la industria aceitera; se entiende que se aplica primero a la importación, por el faltante de grano por la sequía. De esta manera, cambiaría el precio de la soja, donde el nuevo dólar de exportación podría ser de hasta USD 430, liquidando un 25% de la exportación a un dólar a valor de un alternativo, como el CLL. Al final del día, no se sabe si mejorará el precio de la soja en el mercado interno y si efectivamente llegará a los productores. Vuelve a incrementar costos de alimentación en otras cadenas. Anticipará ingresos de divisas por exportaciones, como si fuera un nuevo “dólar soja”, dejando menos ingresos fiscales para el nuevo gobierno, condicionando aún más la política fiscal.
“Bono de $ 60.000 para trabajadores formales privados con sueldos de hasta $ 400.000, a abonar en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre, no remunerativo, por única vez, y a cuenta de paritarias”. Un nuevo sobre costo para los productores, en un año de sequía y recesión, a pocos días de haberse cerrado una nueva paritaria salarial en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, sin el acuerdo de las entidades gremiales agropecuarias presentes.
Desde CRA se sostiene que lo mejor sería un cierre de gestión gubernamental sin más medidas distorsivas y a los candidatos a presidente, reglas claras para el campo: liberar el comercio, cerrar la brecha cambiaria, claridad en la eliminación de los derechos de exportación. En definitiva, que demuestren que apuestan por la producción y la inversión privada y no que siguen aportando a un Estado ineficiente que hace redistribución de recursos que ha llevado al país al estancamiento y a esta crisis.
