El gigante de los negocios agrícolas, Monsanto, se mostró este martes decepcionado de sus conversaciones con el Gobierno, y anunció que revisará sus planes de negocios en el país y no venderá sus nuevas tecnologías en el mercado agrícola local.
La compañía dijo que recientes discusiones con el Ministerio de Agroindustria no llegaron a resultados “mutuamente convenientes”.
El Gobierno decidió el mes pasado que todos los análisis de granos debían tener una autorización oficial, desestimando el sistema de fiscalización que venía impulsando Monsanto desde hace dos años junto a un sector de la industria semillera para que los productores paguen un porcentaje por la propiedad intelectual de los granos al momento de su comercialización.
“Las resoluciones dictadas son para Monsanto o para cualquier otra empresa que quiera hacer un sistema de control. Que ellos (Monsanto) se sientan amenazados es por una pretensión de ellos”,dijo una portavoz del Ministerio de Agroindustria ante una consulta de Reuters.
La funcionaria agregó que las medidas buscan “garantizar el libre comercio y los derechos tanto de las empresas como de los productores”.
La ley argentina permite a Monsanto cobrar regalías por las ventas de semillas de su tecnología, pero habilita el uso gratuito de semillas de segunda generación, lo que dificulta diferenciar entre simientes obtenidas en el mercado negro y aquellas reproducidas por los propios agricultores.
El Gobierno argumenta que la revisión impulsada por Monsanto es ilegal porque ningún actor de la cadena comercial tiene derecho a tomar muestras de granos ni a retener mercadería.
