Frente a la preocupación que existe en el sector de la industria naval nacional acerca de la autorización por parte del gobierno de la adquisición de Patrulleros Oceánicos del tipo OPV por un valor total de 362 millones de euros en principio a Francia, el senador nacional Alfredo Luenzo se reunió con Denis Vilardo, representante de Astilleros Río Santiago, quién le manifestó la situación por la que atraviesan los astilleros y cómo se verían perjudicados si el gobierno decidiera dejar vigente esta decisión establecida en el decreto 595/17.

En ese marco, Luenzo presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Nacional información acerca de la adquisición por parte de la Armada Argentina de Patrulleros Oceánicos tipo OPV como parte de la renovación de la flota de mar.

El motivo del pedido de informe se basa en el Decreto 595/17 del gobierno que autoriza la adquisición de crédito público con el fin de comprar estos buques y, visto que la Ley 27.418 “Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina” en  su Artículo 15, obliga a los organismos del Estado Nacional a construir en el país.

“En virtud del Decreto del Ejecutivo Nacional que incumple el artículo 15 de la ley recientemente sancionada, solicité al gobierno detalles sobre si se han requerido informes de factibilidad sobre capacidad de construcción por parte de los astilleros nacionales, ya sean públicos o privados y de ser afirmativa  la respuesta, es necesario hacer públicos dichos informes”, manifestó Luenzo.

En el mismo sentido, y dada la obligación que persiste en el artículo 15 de la ley 27.418, “es necesario saber si el gobierno tiene previsto para los próximos dos años requerir la construcción de algún buque, embarcación o artefactos flotantes a  la industria naval nacional”, continuó el senador.

En el Decreto 595/17 del Poder Ejecutivo Nacional se autoriza mediante crédito público la adquisición de Patrulleros Oceánicos del tipo OPV por un valor total de 362 millones de Euros con un plazo de amortización minimo de tres años, con el objetivo de realizar una renovación parcial en los Patrulleros de la flota de mar de la Armada Argentina.

“Existen varias versiones periodísticas sobre negociaciones avanzadas para la adquisición de estos buques con algunos países europeos  y de Medio Oriente. Algunas de esas versiones hablan de la existencia de acuerdos avanzados como es en el caso del convenio con Francia, en el cual se menciona el precio de compra de cuatro patrulleros de la clase Gowind del astillero Naval Group, el cual llamativamente es coincidente con el monto asignado en el Decreto 595/17”, continuó.

Por otra parte, también de acuerdo a versiones periodísticas, se tiene información de propuestas tanto de España como de Israel.

Durante el año 2017 se logró sancionar luego de un largo debate y posterior consenso, la Ley 27.418 “Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina”, cuyo autor es el senador Luenzo, reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional  cerca de fin de año. Esta Ley en su artículo 15 expresamente indica la obligatoriedad para los organismos del Estado Nacional o sociedades del Estado Nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado Nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construyan en el país.

En caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval.

Luenzo agregó que “existen en nuestro país astilleros que poseen la licencia FASSMER, comprada anteriormente a Alemania por una suma muy importante, la cual permite realizar la construcción de este tipo de buques artillados. Es importante señalar que nuestro país vecino Chile la adquirió conjuntamente con nosostros y ya lleva construidos cuatro de estos buques. La Argentina ninguno”.